La suba en la tarifa debutó con protestas de los trabajadores, que liberaron molinetes y los pasajeros viajaron gratis. Legisladores y ONGS presentaron amparos en la Justicia. La audiencia pública, en abril.
Los trabajadores del subte levantaron molinetes y los usuarios viajaron gratis a la mañana y por la tarde (Foto: Télam)
Con molinetes levantados como forma de protesta por parte de los trabajadores para permitir que los usuarios viajen gratis y recursos de amparo de legisladores y asociaciones del consumidor, debutó ayer la nueva tarifa del subte, de 2,50 pesos. En ese contexto, el Gobierno porteño ratificó el aumento e hizo el llamado a audiencia pública, que exige la ley, aunque para abril próximo.
Los que comenzaban temprano el día laboral, pudieron viajar gratis en varias estaciones de todas las líneas, a raíz de que los trabajadores del subte liberaran los molinetes, situación que se repitió por la tarde, en la vuelta a casa, franjas de mayor caudal de pasajeros, en repudio al incremento dispuesto por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en un decreto publicado en el Boletín Oficial horas después.
El delegado de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subtes y Premetro, Néstor Segovia, reclamó a Macri una reunión “para hacer una evaluación del servicio”. “Todos los días los pasajeros viajan como ganado y los coches están en mal estado”, denunció el gremialista.
En tanto que en la superficie, un grupo de legisladores opositores presentaron un recurso de amparo ante la Justicia, para frenar el aumento. Ante la jueza Elena Liberatori, del fuero contencioso administrativo porteño, se presentaron la ONG Consumidores Libres, que encabeza el ex diputado socialista Héctor Polino; y los legisladores Aníbal Ibarra, Delia Bisutti, Maria Elena Naddeo, Susana Rinaldi y Edgardo Form, entre otros, de los bloques Frente Progresista Popular y Nuevo Encuentro. A esta presentación se sumaron también las ONG Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Asociación Coordinadora de Usuarios Consumidores y Contribuyentes (ACUCC), además del ex legislador Eduardo Epszteyn, actual auditor general de la Ciudad.
En la presentación, demandaron tanto al Gobierno de la Ciudad “como titular, prestador, concedente y responsable del servicio de subtes” y a la concesionaria Metrovías a que dejen sin efecto el incremento de la tarifa y mantengan el precio del boleto en 1,10 pesos “hasta la existencia y/u ocurrencia de los recaudos legales que habiliten y faculten la pretendida modificación tarifaria del servicio público”.
Por su parte, la ONG “Ciudadanos Libres” presentó otro amparo, que recayó en el juez en lo contencioso administrativo y tributario porteño Fernando Enrique Juan Lima. Como el amparo que efectuó esta entidad fue el primero del día, puede tomar por conexidad las otras presentaciones judiciales realizadas en torno al aumento.
Los usuarios buscaron amortiguar el impacto de la suba, de un 127,5 por ciento, haciendo largas filas el jueves en las boleterías para comprar los boletos Subtepass y cargar las tarjetas SUBE o Monedero, ya que tienen por una semana más la vieja tarifa de 1,10.
Con este panorama, el Gobierno porteño señaló que asume “el costo político de blanquear una situación que estaba tapada”, en una forma de justificar el incremento en el boleto.
La polémica en la forma en que se dispuso el aumento tuvo otro capítulo, ya que el aumento comenzaba a regir en la práctica a partir de las 5, con la apertura de las estaciones, pero el Ejecutivo porteño lo publicó en el Boletín Oficial después de las 15. Los responsables de la publicación explicaron que la tardanza se debió a una “falla en el sistema”. No obstante, hasta ese momento no fueron pocos los reclamos de legisladores de la oposición.
“Llamamos al Boletín Oficial de la ciudad y nos dicen que están atrasados hoy. Estarán esperando que Macri termine de jugar al fútbol?”, se preguntó, con ironía, el diputado porteño Aníbal Ibarra, haciendo alusión al partido de futsal que el jefe de Gobierno compartió con el gobernador bonaerense, Daniel Scioli.
La publicación retrasada del Boletín Oficial (se publica cada mañana), salió con el decreto del aumento y las firmas del jefe de Gobierno; el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti; y su par de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín.
En el artículo segundo de dicho decreto Macri hizo el llamado a la audiencia pública, dispuesto por ley y algo que la oposición reclamaba. Sin embargo, se aclaró que será “dentro de los veinte días siguientes a la finalización del plazo establecido en el convenido con la Nación”, por lo que se llevaría a cabo en abril próximo.
Varios legisladores señalaron que ese incremento era ilegal, ya que no se había convocado, como establece la ley porteña 210 para la modificación de tarifas de servicios públicos. Desde Bolívar 1, argumentan que se habían amparado en una audiencia realizada en 1999 para avalar la suba.
Además, en el decreto se informó que Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) hizo “un análisis técnico de la situación tarifaria, en base a información preliminar suministrada por el Gobierno Nacional”, algo que también reclamaba la oposición. Para ese estudio se tomó en cuenta “la cantidad estimada de pasajeros, montos que actualmente abonan los usuarios y costos estimados del servicio”.
Con respecto a las cifras, en el decreto se hizo referencia a que “al dejar de pagar la Nación la totalidad del subsidio, la Ciudad debería afrontar un costo anual de más de pesos cuatrocientos millones ($400.000.000) durante el año en curso y más de pesos ochocientos millones ($800.000.000) en 2013, cuando quede totalmente eliminado el aporte de la Nación”.
Nota con despachos de agencias Télam y Noticias Argentinas
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