Lo dispuso el juez porteño Fernando Juan Lima. La medida cautelar había sido solicitada por asociaciones de consumidores y legisladores de la Ciudad, para “frenar” el aumento del pasaje del 127 por ciento.
Ayer los trabajadores volvieron a liberar molinetes, antes de la resolución del juez (Foto: Clarín)
El juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Fernando Juan Lima rechazó ayer las medidas cautelares de los amparos presentados por legisladores y ONGs para buscar “frenar” el aumento del boleto del subte, por lo que la tarifa seguirá en 2,50 pesos.
Según el juez, “no se ha probado” que la decisión de subir la tarifa del servicio un 127 por cineto “ostente los vicios evidentes que llevarían a su manifiesta ilegalidad o arbitrariedad y que requerirían del dictado de alguna medida urgente que evite su vigencia durante el trámite del proceso de amparo”.
Más allá de que el magistrado rechazó la medida cautelar, sí dio trámite a la acción de amparo, sobre la que decidirá oportunamente, propiciando instancias de debate y con más elementos de prueba (es decir que la discusión sobre el aumento no terminó, pero no considera que por ahora corresponda suspenderlo).
La decisión adoptada por Lima fue repudiada por varios legisladores de la oposición, asociaciones de defensa del consumidor, que explicaron que apelarán la medida, en tanto que los usuarios expresaron su enojo a través de las redes sociales.
Por su parte, los trabajadores del subte no seguirán levantando los molinetes en protesta al incremento. Ya lo había anticipado el secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), Néstor Segovia: “si la Justicia falla a favor del aumento no hay nada que hacer”.
En su fallo, de unas 15 carillas, el juez señaló que “no se advierte que se encuentre configurado el requisito atinente a la verosimilitud del derecho” de la participación de los ciudadanos en audiencia pública, como tampoco el “peligro a la demora” y resaltó que “no corresponde a la Justicia fijar una tarifa o señalar cuál sería la manera más práctica, eficaz o razonable de estructurar un cuadro tarifario”.
Y agregó: “No puede sino concluirse en que el peligro y los perjuicios que podrían derivarse de una decisión adoptada en este estado inicial del proceso, con pocos elementos (arrogándose por lo demás una función indebida y avanzando sobre la órbita de actuación de los otros poderes del Estado), serían posiblemente mayores que los que se provocarían con la actual denegatoria”.
Los cuatro amparos que buscaron “frenar” el aumento de la tarifa del subte fueron presentados por legisladores de la oposición porteña y asociaciones de defensa del consumidor. En todos se reclamó que se realizara la convocatoria a audiencia pública previa para fijar el nuevo precio, como lo exige la ley porteña 210 para los servicios públicos. Sin embargo, el decreto firmado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, fija audiencia para abril.
En ese sentido, el juez hizo referencia que “así como las dudas que despierta la pertinencia de aplicar los resultados de una audiencia pública realizada hace más de una década requieren de un conocimiento más amplio”, sucede lo mismo en lo que respecta congelar el boleto en 1,10 pesos en torno a “la concesión y la efectiva prestación del servicio público”.
Y amplió que “examinar aisladamente la medida (…) no sólo sería desacertado e impropio, sino que importaría posiblemente poner en peligro la lógica de funcionamiento del sistema todo”.
Lima argumentó que “se respeta el principio de presunción legitimidad del accionar estatal y se evita avanzar sobre asuntos no propuestos, prematuros o que en principio podrían tener que ver con razones de oportunidad, mérito o conveniencia”, temas en los que “no sería aceptable sustituir el criterio de los órganos competentes por el de los magistrados”.
El legislador del Frente Progresista Popular Aníbal Ibarra (uno de los firmantes de los amparos), integrantes de la ONG Consumidores Libres y una abogada de la concesionaria Metrovías aguardaron la resolución en el sexto piso del juzgado.
La multisectorial conformada por cuarenta organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles se reunirá hoy, a las 17, en el hotel Bauen, para anunciar en conferencia de prensa los pasos a seguir.
Descontento en la oposición
Conocido el fallo, no tardaron en conocerse las reacciones de los legisladores porteños de la oposición.
“Nos sorprende que la Justicia no haya tenido en cuenta todos los incumplimientos de Mauricio Macri para incrementar el pasaje del subterráneo”, sostuvo la legisladora Delia Bisutti, de Nuevo Encuentro, quien impulsó junto a Aníbal Ibarra y otros diputados uno de los amparos. Y agregó: “se le pide a la ciudadanía cumplimiento de normas y es el propio jefe de gobierno quien las incumple”.
Por su parte Ibarra, diputado del Frente Progresista Popular, manifestó: “Estoy en total desacuerdo con la decisión del juez. Vamos a apelar y decidirá la Cámara (de Apelaciones), pero mientras tanto la gente seguirá poniendo de su bolsillo para financiar a este gobierno”.
Asimismo, el legislador del Movimiento Socialista de los Trabajadores en Proyecto Sur Alejandro Bodart, firmante de otro de los amparos junto a la dirigente Vilma Ripoll, señaló que “lamentablemente el juez cedió al chantaje de Macri y de Metrovías de que no aplicar el aumento podría poner en riesgo el servicio”.
El ex legislador Diego Kravetz también dio su punto de vista vía Twitter: “Convalidado el tarifazo del subte por la Justicia, la oposición debería hacer lo que corresponde a la función y pedir una sesión extraordinaria”.
Para el PRO, el fallo es “justo”
“El fallo es justo y se ajusta a la realidad. El fallo no hace más que ratificar lo que venimos diciendo desde el primer día: la oposición viene intentando mezclar todo, dando opiniones infundadas en este tema y tratando de sacar algún rédito político inexplicable”, señaló el legislador macrista Daniel Presti en un comunicado. Además dijo que espera que se consiga “elevar el nivel de discusión” con la oposición “sin que se intente utilizar al Poder Judicial de manera política para perjudicar la administración del Poder Ejecutivo”.
Nota con despachos de agencias Télam, Noticias Argentinas y Centro de Información Judicial
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