INFORME ESPECIAL – El Gobierno Nacional envió al Congreso el proyecto del traspaso del subte, pero que también incluye a 33 líneas de colectivo que hacen su recorrido íntegramente en la Capital y el tranvía de Puerto Madero. Macri advirtió que sin fondos, el boleto “se iría arriba de los 3,50 o 4 pesos”. Es una nueva arista del conflicto del cambio de manos de los subtes a la Ciudad.
Además del conflicto bajo tierra, ahora se le suma a Macri uno sobre ruedas
En una decisión que tomó por sorpresa al Ejecutivo porteño, la Casa Rosada decidió incluir en el proyecto del traspaso del subte que mandó al Congreso la transferencia de las 33 líneas que circulan íntegramente dentro de la órbita de la Capital Federal y el tranvía de Puerto Madero. Esta movida política del kirchnerismo abre un capítulo más del conflicto entre los Gobiernos Nacional y de la Ciudad, luego de que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, aceptara que se debatiera el tema de los subtes en el Parlamento. Sin embargo, rechazó la medida de Nación y dijo que sin subsidios, el boleto “se iría arriba de los 3,50 o 4 pesos”.
La iniciativa del Gobierno Nacional entró al Senado el jueves por la noche, y en su texto establece que “corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercer en forma exclusiva la competencia y fiscalización de los servicios públicos de transporte de pasajeros a nivel subterráneos y Premetro, de transporte automotor y tranvía”, por lo que las líneas de colectivo que operan dentro de los límites de la Capital, son 33, y el Tranvía de Puerto Madero también pasan a la administración porteña.
En un contexto normal, la transferencia del transporte a la órbita porteña podría entenderse como un paso más de la autonomía (inconclusa) de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en un escenario en el que el Gobierno Nacional lleva a cabo cambios en su política de subsidios, esta medida apunta a ahorrar 1.056 millones de pesos, dinero que tendría que poner el Ejecutivo porteño en caso de que el Congreso de luz verde a este proyecto.
La iniciativa cuenta con las firmas del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y tiene sólo cuatro artículos. En el macrismo se vieron sorprendidos por la decisión impulsada por la Presidenta, ya que el conflicto se centraba en la transferencia de la administración de los subterráneos y el Premetro, conflicto que había llegado a la Justicia y que poco después también iba a tener una arista parlamentaria, luego de que Macri aceptara que el tema tenga debate en el Congreso. “(La Presidenta) nos convocó a que tengamos un debate en el Congreso y es una posibilidad muy valiosa para que los argentinos discutamos qué federalismo queremos tener, de qué forma nos organizamos y cómo vamos delegando cada vez más responsabilidades a nuestras provincias y a nuestras ciudades”, había dicho el intendente en el acto por el Día de la Mujer en el Teatro Colón.
Una vez conocida la iniciativa, no tardaron en salir a la luz las reacciones. El jefe de la bancada macrista en la Cámara de Diputados, Federico Pinedo, acusó que “el Gobierno busca transferir más servicios violando la Constitución, que establece que deben hacerse con acuerdo de las partes y transferencia de recursos”. En ese sentido, manifestó que el traspaso debe ser con fondos para “el caso de que se trate de un servicio deficitario”, que el Gobierno puede instrumentar por dos caminos: “O nos suben un porcentaje de la coparticipación que recibe la Ciudad o bajan lo que nos quita el Gobierno en ese rubro”, dijo al diario La Nación.
Es que un punto clave de la transferencia es de los recursos. En los fundamentos del proyecto se hace referencia los subsidios al sector en febrero de este año fueron de 87.852.332 de pesos, que en un año alcanza los 1.056 millones de pesos. Macri advirtió, ante la posibilidad de que ese traspaso sea sin los recursos, que el boleto de colectivo “seguro se iría arriba de los 3,50 pesos o 4 pesos; no me equivoco si le digo que va a estar por arriba de los 4 pesos”, en declaraciones a una radio. Y aclaró: “no puedo sostener los subsidios; si ellos (por el Gobierno Nacional) tienen problemas de plata y tienen que sacar los subsidios, que se hagan cargo y se lo expliquen a la gente”, en una exposición del agro en Junín.
Así las cosas, la situación es compleja, ya que la Ciudad no puede cambiar partidas presupuestarias (no se puede modificar más del 5 por ciento del total del presupuesto), y la Nación no da avales para tomar créditos, por lo que el camino del aumento del boleto parecería inevitable. Actualmente, el jefe de Gobierno porteño no puede cambiar el recorrido ni fijar tarifas, ni controlar nada cobre el transporte público porteño. Solamente puede hacerlo con los taxis.
Además de la cuestión de los fondos, algo que no se especifica en el proyecto, hay otro punto que causa preocupación en el macrismo, y es el artículo que establece que a fin de este mes como fecha tope para el traspaso de los subtes a la órbita de la Capital. “Dispónese que dentro del plazo previsto en el acta acuerdo deberá efectivizarse la culminación del proceso”, señala el artículo 3.
No obstante, en Bolívar 1 sostienen que alguna decisión sobre el transporte tiene que pasar por la Legislatura porteña. Es que, por otra parte, en ambas cámaras del Congreso el kirchnerismo tiene números cómodos para aprobar la iniciativa. Por eso, algunos funcionarios expresaron en diferentes medios que todo convenio firmado por la Ciudad debe ser aprobado tanto por la Legislatura como en el Parlamento nacional, como lo establece la Constitución de la Ciudad.
Un ministro se quejó: “Nos quieren pasar lo que da déficit y quedarse con lo que tiene superávit: el puerto, el Aeroparque y los negocios del juego: si me pasaran eso, yo también podría pagar subsidios”, en declaraciones al diario La Nación. Más crítico fue el ministro de Seguridad porteño, que opinó que desde Nación “quieren un ahorcamiento financiero y económico de la Ciudad, como hacen con el resto de las provincias, para generar un gobierno unitario de toma de decisiones”.
Este conflicto por el transporte motivó la opinión de los constitucionalistas. Daniel Sabsay señaló que “no hay ninguna cláusula constitucional que faculte al Congreso para imponer unilateralmente a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires la recepción de servicios o bienes de manera compulsiva”, y agregó que “se trata de un acto complejo, porque requiere el consentimiento de las dos jurisdicciones”. Por su parte, Eduardo Barcesat argumentó que “las dos constituciones prevén la prestación de servicios públicos. El transporte corresponde a la Ciudad, no tiene por qué ser sufragado por los habitantes de las provincias”, a la vez de que el convenio firmado entre ambas administraciones ya es “operativo”. Sin embargo, Jorge Vanossi dijo que “los convenios son actos preparatorios, no consumatorios”.
El Gobierno Nacional justifica la decisión en el texto de la medida: “Continuar con esta situación implica mantener a la Ciudad en mejor situación respecto a las provincias”. Y en ese sentido, que los servicios que se transfieren “representan el uso de recursos presupuestarios de gran relevancia por parte del Estado nacional, con cargo a todas las provincias del país”. También vale decir que la Ciudad aporta el 25 por ciento de la recaudación nacional y sólo recibe el 1,4 por ciento de la coparticipación.
Por lo pronto, el Senado debatirá el martes el proyecto, ya fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, además de las de Infraestructura, Vivienda y Transporte y a la e Presupuesto y Hacienda. Y se estima que pase a recinto el miércoles 21 de marzo.
En números:
El subsidio que otorga el Gobierno Nacional a las líneas de Colectivos de la Ciudad es de 1.056 millones de pesos. Cada línea recibe 30 mil pesos en promedio por mes.
Por el área metropolitana transitan 142 líneas de colectivos, entre Capital Federal y el Gran Buenos Aires. De ellas, 33 transitan íntegramente en la Ciudad.
Por día, 5.500.000 personas viajan en las líneas de colectivos del área urbana. El 34 por ciento de los viajes se originan y finalizan en la Ciudad.
Según datos de la Secretaría de Transporte de la Nación, el 65 por ciento de los pasajeros viaja en colectivo para ir al trabajo, y el 7 por ciento por estudio. El 59,6 por ciento de los que lo usan tiene entre 20 y 39 años.
Las líneas: 4, 5, 6, 7, 12, 23, 26, 28, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 70, 76, 84, 99, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132.
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