Aborto no punible: El Gobierno porteño y la mujer víctima de trata apelaron el fallo que lo frenó

La diputada kirchnerista Diana Conti dijo que pedirá el juicio político para la jueza que dio lugar a la medida cautelar. Y legisladores de la oposición porteña denunciaron al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, por divulgar la realización de la intervención.

(Foto: NA)

El Gobierno porteño y la mujer víctima de trata de personas a quien una jueza civil le impidió la práctica de un aborto no punible apelaron la medida para obtener una autorización para la intervención.

La Cámara Civil evaluará la medida cautelar de la jueza civil Myriam Rustán de Estrada y definirá si permite el primer aborto no punible de la Ciudad de Buenos Aires, que se iba a realizar ayer en el hospital Ramos Mejía.

La Ciudad y la mujer a la que le iban a realizar el aborto hicieron las presentaciones por separado ante el juez civil de primera instancia 56, Miguel Güiraldes, quien quedó a cargo de la causa, ya que su par Rustán de Estrada había intervenido por encontrarse de turno.

Asimismo la Cámara también deberá determinar qué juez es competente para intervenir ya que la causa quedó por sorteo a cargo de Güiraldes, pero éste no aceptó la competencia para tramitarla y la devolvió a la jueza que intervino inicialmente y dictó la medida cautelar que frenó el aborto.

La mujer, que fue víctima de trata de personas, había sido autorizada a interrumpir su embarazo, producto de una violación, y el caso se ajustaba a lo establecido por el fallo de la Corte Suprema de Justicia. El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, anunció la intervención el pasado jueves (y después se conoció un comunicado en el que dijo que vetará la ley aprobada por la Legislatura). En ese contexto, la asociación civil anti abortista Pro Vida presentó un recurso de amparo y la jueza Rustán de Estrada lo otorgó e impidió la intervención.

Conocido el fallo judicial, y acentuada la polémica instalada en torno al aborto, la diputada nacional del Frente para la Victoria Diana Conti anunció que pedirá el juicio político para Rustán de Estrada, bajo el argumento de que “no sólo la magistrado se aparta del derecho aplicable al caso, por tratarse de un aborto no punible, sino que resulta de total mal desempeño no haber escuchado a la mujer embarazada”.

A través de un comunicado, Conti añadió que “el derecho y su aplicación por parte de los jueces tienen como objetivo la resolución de casos concretos, y para ello es ineludible conocer las circunstancias y protagonistas, en ese caso, la mujer que, amparada por el Código Penal, quiere abortar”.

Denunciaron a Macri por anunciar que se realizaba el aborto

El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, fue denunciado por legisladores de la oposición porteña como consecuencia de que divulgara que se iba a realizar el primer aborto no punible en la Ciudad, práctica que se suspendió a raíz de un amparo judicial.

La denuncia fue presentada ante la Cámara del Crimen por la legisladora Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, su par del Frente para la Victoria Gabriela Alegre, el diputado capitalino por Proyecto Sur Jorge Selser y la comunera Julieta Costa Díaz. Recayó en el juzgado nacional en lo correccional número 12.

“Queda en evidencia que las declaraciones públicas del jefe de Gobierno sirvieron para que personas ajenas y sin injerencia en los derechos a la salud de la mujer invocada presentaran, en distintos fueros judiciales, medidas tendientes a impedir la realización del aborto no punible”, señala la denuncia.

Asimismo, se hace referencia en la misma que Macri, durante una cena realizada la semana pasada por “Consenso Republicano”, adelantó que el martes (por anteayer) se iba a realizar el primer aborto no punible en la Capital, en el hospital Ramos Mejía y a una mujer víctima de trata de personas.

En ese sentido, los denunciantes argumentaron que “la información divulgada por el jefe de Gobierno constituye datos de carácter sensible que deben ser reservados en virtud de las normas locales”, y que “no debieron trascender el ámbito íntimo de la relación médico-paciente, llegando a oídos del ingeniero Macri; mucho menos debieron ser vertidas públicamente, luego, por éste”.

La denuncia que se le realizó al intendente es por violar la ley 153 de Salud Básica de la Ciudad de Buenos Aires, y de la ley 1845 de Protección de Datos Personales.

Deberá investigarse también, cómo aquella información trascendió de forma tal que llegó a conocimiento del Jefe de Gobierno. A todas luces resulta evidente que esta mujer no confió su situación de manera directa al ingeniero Macri”, expresaron.

También solicitaron al juez que quede a cargo de la causa que cite a prestar declaración testimonial a la diputada nacional del PRO Laura Alonso, y a los legisladores porteños de esa misma fuerza María Raquel Herrero y Martín Ocampo, quienes estuvieron en la cena.

Nota con despachos de agencias Télam, Noticias Argentinas y EFE

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