Es el caso de una víctima de violación y trata que había sido anunciado por Macri el pasado jueves. A raíz de un pedido de una organización antiabortista, una jueza lo suspendió. El Gobierno porteño apelará.
Conocido el fallo que suspendió el aborto, manifestantes se concentraron frente al Ramos Mejía (Foto: Télam)
Con la polémica ya instalada luego de que el Gobierno porteño anunciara que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, vetará la ley de aborto no punible que había aprobado la Legislatura, una jueza nacional en lo civil suspendió el primer aborto no punible que se iba a practicar en la Capital, y que había sido dado a conocer por el intendente, a raíz de una presentación judicial realizada por la organización antiabortista Pro Vida, aunque el Ejecutivo anunció que apelará la resolución.
El aborto iba a realizarse en el hospital Ramos Mejía, a una mujer de entre 32 y 35 años que fue víctima de trata de personas, en base a la resolución 1252 del Ministerio de Salud de la Ciudad que reglamentó un fallo de la Corte Suprema de Justicia para los casos de mujeres víctimas de violación. Este caso se encuadra en los que se consideran no punibles, previsto por el Código Civil de acuerdo a la interpretación de la Corte.
Pero, a raíz de una presentación de la organización anti abortista Pro Vida, la jueza nacional en lo civil Myriam Rustán de Estrada dictó una medida cautelar (lo decretó en forma urgente) que suspendió el aborto programado en el Ramos Mejía, o cualquier otro hospital.
“No cabe duda de que la competencia del juzgado a mi cargo es incuestionable, por cuanto se trata de una solicitud destinada a preservar la vida de un menor que se encuentra amenazada”, explicó la jueza en el fallo.
“Entonces no cabe duda que para el máximo ordenamiento legal a los niños se les debe garantizar en la máxima medida posible el derecho a la vida desde el momento de su concepción”, prosiguió en la resolución.
Rustán de Estrada añadió que “la afirmación del derecho a la vida, por definición, nunca puede significar el menoscabo del derecho de otra persona”, en alusión a que consiste en un aborto no punible ya que la joven fue víctima de trata de personas.
“Con esto quiero decir que objetivamente no existe colisión de derechos entre la madre y su hijo. Los derechos de ambos pueden ser resguardados en la máxima medida posible, sin menoscabarse recíprocamente”, expresó la magistrada. A su entender, “ambos han sido víctimas de un injusto agresor”.
La titular del juzgado nacional de primera instancia en lo civil 106 remarcó: “No es justo procurar el paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño generando otro daño mayor e irreversiblemente absolutamente”.
La jueza planteó además que “si la madre necesita reparar el trauma sufrido mediante su desvinculación completa del hijo engendrado, podrá hacerlo en cuando el niño nazca, mediante el instituto de la adopción, pero no puede hacerlo mediante su eliminación de la faz de la tierra”.
Conocido el fallo, las reacciones no tardaron en surgir. Y, con la polémica instalada desde el viernes, cuando se supo que Macri vetará la ley de aborto no punible sancionada por la Legislatura, grupos pro y contrarios al aborto se concentraron ayer en las inmediaciones del hospital Ramos Mejía.
Asimismo, algunos sectores de la oposición porteña señalaron que realizarán una presentación judicial contra Macri por violación de confidencialidad al anunciar la interrupción del embarazo que iba a llevarse a cabo ayer en el Ramos Mejía.
El aborto no punible rige en la Capital por una resolución del Ministerio de Salud porteño, en base a la acordada de la Corte Suprema de Justicia, si bien es más restrictiva que la ley que se va a vetar. En ese sentido, la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, anunció que en los próximos días la Ciudad apelará el fallo de primera instancia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. El encargado de preparar la presentación será el Procurador General de la Ciudad, Julio Conte Grand.
“Esperamos que la Justicia actúe con la mayor celeridad posible para darle curso a esta apelación y que resuelva cuanto antes. Mientras tanto, desde todas las áreas del Gobierno vamos a seguir acompañando a la paciente”, aseveró Vidal sobre este caso.
No obstante, la funcionaria defendió el veto argumentando que “va más allá del fallo de la Corte” y permite a una menor desde los 14 años someterse a un aborto prácticamente sin obstáculos.
En tanto, el legislador porteño del Movimiento Socialista de los Trabajadores en Proyecto Sur Alejandro Bodart dijo que apeló la medida cautelar en representación de la mujer a la que se le iba a realizar la intervención. La causa ahora la tiene el juez civil Miguel Ricardo Güiraldes
Desde el Gobierno Nacional, quien dio su punto de vista fue el ministro de Salud, Juan Manzur, quien acusó a la jueza Estrada de haber desoído a la Corte Suprema al autorizar el recurso contra la realización de la intervención, a la vez que consideró que el jefe de Gobierno porteño “debe hacerse cargo de esto”. “Acá hay una jueza nacional que se ha sublevado, que emitió esta medida desoyendo lo que establece la acordada de la Corte Suprema, vinculado a los casos de aborto no punibles”, aseguró. Y con respecto a Macri, lo responsabilizó: “esta situación puntual se da en un hospital como es el Ramos Mejía, de la Capital Federal y que depende de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad".
Por su parte, desde la oposición porteña, la legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti manifestó su “tristeza y preocupación” por la situación y pidió “ponerse en el lugar de la mujer que está internada en el hospital Ramos Mejía”. Opinó también: “Esta es una operación de marketing del Gobierno de la Ciudad. Es de mal gusto. No tendríamos que habernos enterado de este hecho; tendría que haber sido anónimo. Lo que pasa es que esta mujer no tiene el dinero suficiente para practicarse un aborto en un centro médico privado, entonces queda expuesta públicamente”.
En tanto que el legislador de Proyecto Sur, presidente de la comisión de Salud de la Legislatura porteña, Jorge Selser, sostuvo que “es lamentable que se haya suspendido un aborto no punible” y opinó que el jefe de Gobierno porteño cometió una “imprudencia al haber puesto en conocimiento su realización”.
Nota con despacho de Noticias Argentinas, Télam, Centro de Información Judicial y AP
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