Los últimos datos disponibles, que son de 2011, arrojaron como resultado 928 causas por toma de propiedades, lo que podría traducirse en 2,5 por día.
La cifra es alarmante: una casa, departamento o incluso un edificio completo es usurpado cada nueve horas en la Ciudad de Buenos Aires ya sea por personas que buscan un lugar para instalarse, como también por grupos que se dedican a un negocio ilegal que atenta contra la propiedad privada y que mueve millones.
El dato surge del Cuarto Informe de Conflictividad “Las comunas y la inseguridad”, que elaboró la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a raíz de las denuncias ingresadas en las fiscalías porteñas a lo largo de 2011.
En 2011, año al que remite el estudio, se abrieron 928 causas por usurpaciones en la Ciudad, lo que podría traducirse en 2,5 por día, según publicó el Diario Popular en su edición de hoy.
Las zonas más afectadas por usurpación son los barrios de Belgrano, Núñez, Retiro, Constitución, Balvanera, el microcentro y el casco histórico capitalino.
Según el informe, las tres comunas porteñas con más denuncias por este delito fueron la Comuna 4 –conformada por Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios- con 130; la Comuna 1 –integrada por Constitución, Montserrat, Puerto Madero, Retiro, San Nicolás y San Telmo-, con 118; y la Comuna 8 –compuesta por Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati-, con 95.
El diario hace referencia a que el delito tiene un entramado complejo en el que intervienen grupos criminales organizados, personas de sectores vulnerables que son utilizadas para perpetrar las usurpaciones y la falta de controles estrictos para evitarlas. Y la respuesta judicial ante este tipo de hechos no es rápida, pudiendo pasar años.
Javier Miglino, abogado y titular de la asociación Defendamos Buenos Aires, explicó que “este flagelo tiene una importancia mayúscula, y debería estar en la agenda del Gobierno porteño como un tema excluyente, sin embargo hay cierta displicencia en el enfoque y los casos se acumulan sin demasiadas soluciones”, y que en ese sentido “los propietarios damnificados están desguarnecidos, observando cómo pierden sus propiedades ante una mafia que opera con absoluta impunidad”.
Asimismo, dijo que “hay casos emblemáticos que estamos investigando, como un edificio entero sobre la calle Venezuela que está totalmente copado por las bandas de ocupantes, y sus departamentos son alquilados, por lo que se convierte en un negocio en el que ingresa muchísimo dinero”.
También dio cuenta de otro caso que investiga la ONG, de “un local comercial en la calle Viamonte al 900, que cerró en la crisis de 2001, fue ocupado y desde un tiempo se realizan operaciones puertas adentro que nadie controla”.
“Para nosotros, está claro que estas mafias actúan con protección, connivencia o desinterés de las instituciones públicas. Lo peor es que son organizaciones que se aprovechan de sectores vulnerables de la sociedad, con ciudadanos que son utilizados de carnada para avanzar en las ocupaciones, así tienen el argumento perfecto para evadir acciones judiciales de desalojo”, señaló.
Y precisó que hay habitaciones que se alquilan por 2.000 o 2.500 pesos a familias o personas que no tienen acceso a alquileres legales.
Nota con información del Diario Popular
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