EL DNU de Macri para “proteger la libertad de prensa” tiene dictamen y pasa al recinto

El PRO confía tener los votos para convertirlo en ley, pero aún busca apoyo de la oposición no kirchnerista. El decreto se tratará en sesión el jueves 30 de mayo.

Los legisladores, en la sesión que duró más de 4 horas y debatieron el DNU de Macri (Foto: DyN)

El PRO consiguió darle dictamen favorable en la Legislatura al decreto de necesidad y urgencia (DNU) para la “defensa de la libertad de expresión” instrumentado por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y será tratado el jueves 30 en el recinto. La fuerza del mandatario capitalino le pidió apoyo a la oposición no kirchnerista, a la que le prometió una futura “ley correctiva” sobre el tema.

El dictamen tiene las firmas de los ocho legisladores del PRO que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales; en tanto que los cinco que responden al bloque del Frente para la Victoria en el Parlamento porteño firmaron otro en el que piden que la iniciativa sea rechazada. Por su parte, los dos diputados capitalinos restantes (Julio Raffo, de Proyecto Sur, y Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica) tenían previsto suscribir un despacho sobre un proyecto de ley alternativo sobre la materia.

Estos dos legisladores tienen plazo hasta mañana a las 16, antes de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, en la que se definirá el orden del día de la sesión del jueves 30.

Raffo elaboró un proyecto de ley, al que adhiere Sánchez, pero el macrismo busca convencerlos de que apoyen el DNU del Ejecutivo porteño con la garantía de una futura ley correctiva.

En ese sentido, el diputado macrista Helio Rebot, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sostuvo: “Estamos dispuestos a hacer una  mejor ley siempre y cuando no dejemos sin protección legal a la actual situación”, para dar crédito al decreto instrumentado por Macri.

El DNU número 2 firmado el pasado martes por Macri tiene validez por 30 días, y quedaría vigente en forma definitiva si es aprobado el jueves de la semana que viene por 31 de los 60 legisladores, cifra que el macrismo confía en lograr con comodidad.

El PRO –fuerza oficialista en la Ciudad- tiene 26 bancas en la Legislatura, más tres aliados (Daniel Amoroso, de Confianza Pública, y Juan Pablo Arenaza y Adriana Montes, de Bases para la Unión). Pero busca que la iniciativa sea apoyada también por los bloques Proyecto Sur, que tiene seis diputados, y la Coalición Cívica, que cuenta con tres.

El “Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión” tiene como fin “garantizar la protección de los periodistas y de los medios de comunicación en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires” en respuesta a “un plan del Gobierno nacional de hostigamiento contra la prensa independiente”.

En el debate que se desarrolló durante más de cuatro horas, el kirchnerismo cuestionó la iniciativa porque, según entiende esta fuerza, no respeta el “ordenamiento jurídico” nacional respecto de los temas que puede tratar cada jurisdicción.

El vicepresidente primero de la Legislatura, el macrista Cristian Ricordo, señaló que “si hay que hacer modificaciones para encontrar más pautas de libertad de expresión, seguramente estaremos de acuerdo”.

Sánchez, el legislador de la Coalición Cívica (que adhiere al proyecto de ley de Raffo), ratificó que su bloque cree, en el mismo sentido que el PRO, “que la Ciudad de Buenos Aires tiene plenas facultades de legislar sobre libertad de expresión y medios de comunicación”. Pero criticó que el DNU “no contemple” algunas cuestiones y aseveró que queda desprotegido “el derecho laboral y profesional de los trabajadores de prensa”. “Queremos que el derecho a huelga esté garantizado”, planteó.

El diputado hizo alusión al artículo 11 del decreto, que establece que “no podrá ser suspendida, interrumpida, demorada ni dificultada la actividad profesional de los periodistas, productores y editores que se domicilien en la Ciudad o ejerzan su actividad en la misma, ni la de los medios de comunicación que en ella tengan su domicilio o intalaciones”.

Oscar Moscariello, del macrismo, dijo que “el decreto establece la posibilidad de que los periodistas no sean molestados por la autoridad pública” y añadió que “es ridículo pensar que se puede lesionar o restringir el derecho de huelga”.

Su compañero de bancada, Daniel Lipovetzky, remarcó el carácter de “urgencia” del DNU y explicó que obedece a “declaraciones de funcionarios contra periodistas y medios, allanamientos a casas de periodistas, escarches, rumores varios” de intervención a medios, como el Grupo Clarín.

Por el kirchnerismo, el jefe del bloque Juan Cabandié, fustigó: “Esto es un mamarracho, es una vergüenza, ustedes están siguiendo los lineamientos de (el CEO del Grupo Clarín, Héctor) Magnetto”. El aliado Aníbal Ibarra, del Frente Progresista Popular, rechazó la iniciativa macrista bajo el argumento de que “ustedes no pueden pasar por encima a las leyes nacionales”.

Por su parte, María América González, de Buenos Aires para Todos, fue irónica sobre la creación del tribunal especial sobre cuestiones vinculadas con la libertad de expresión: “Ahora resulta que en la República de Buenos Aires hay delitos que puedo cometer que van a ser juzgados en la República de Buenos Aires, pero se les va a aplicar el Código Penal de la República Argentina”.

Y la diputada Virginia González Gass, de Proyecto Sur, dijo: “No veo la necesidad y la urgencia de este decreto”, a la vez que recordó que la Constitución de la Ciudad “establece la creación de un ente autárquico para garantizar la pluralidad de voces” y que “no se observa la voluntad política del Poder Ejecutivo de conformarlo”.

Nota con despacho de agencia Noticias Argentinas

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