A dos semanas de la inauguración de las estaciones Echeverría
y Juan Manuel de Rosas de la línea B del subte, el conflicto entre el Gobierno
porteño y los metrodelegados sigue y aún no se vislumbra una salida. En un
nuevo capítulo de los idas y vueltas entre las partes, la vicejefa de Gobierno
porteño, María Eugenia Vidal, sostuvo que “no hay justificación” para las
medidas gremiales que se llevan a cabo en el ramal y pidió a los delegados que “reflexionen”
porque “están perjudicando a más de 50 mil personas que no pueden usar ese
servicio”.
Estación Juan Manuel de Rosas, nueva cabecera de la línea B, aunque los servicios no llegan hasta allí. (Foto: La Nación)
Vidal señaló que las estaciones recientemente inauguradas “son
seguras” y pidió a los sindicalistas que levanten la medida de fuerza en la
reunión prevista para el lunes, una vez más en la Subsecretaría de Trabajo
porteña. “Todas las condiciones de seguridad están garantizadas. Una cosa es el
conflicto gremial y otra cosa es hacerle pensar a la gente que viaja en
condiciones de peligro”, añadió.
La funcionaria cuestionó las medidas de fuerza que impiden
que la línea B del subte llegue hasta las nuevas estaciones Echeverría y Rosas.
Y aseguró que “hay dos fallos de la Justicia que nos han dado la razón” y que “no
hubiéramos abierto estas nuevas estaciones si no estuviéramos seguros de que
todo estaba en condiciones para que la gente pueda viajar con seguridad”.
Vidal, en declaraciones al canal Telefé, dijo que espera que
“el lunes, cuando se reactiven las reuniones, los metrodelegados reflexionen y
entiendan que no están perjudicando al Gobierno de Mauricio Macri sino a más de
50 mil personas que necesitan usar este servicio”. Y remarcó: “La verdad es que
no hay justificación para que esto no se resuelva cuanto antes”.
El pasado jueves, fracasó una vez más la reunión entre los
metrodelegados, la concesionaria Metrovías y el Gobierno porteño. Los
trabajadores mantuvieron su posición de evitar prestar el servicio en las dos
estaciones inauguradas por cuestiones de seguridad, más allá de que la Unión
Tranviaria Automotor (UTA) –el otro gremio- había anunciado un acuerdo “de
emergencia” por 15 días.
El titular de la UTA, Roberto Fernández, aseveró que iban a “trabajar
entre las tres partes para resurgir el servicio” en dichas paradas. “Hay muchas
cosas que hacer para solucionar los inconvenientes y así lograr el bienestar de
los trabajadores y los usuarios, con el fin de evitar malas intenciones que
tienen que ver con cuestiones políticas”, precisó el gremialista e hizo un
comentario por lo menos polémico, al advertir que “si algún trabajador no
quiere cumplir con su tarea, la empresa sabrá las medidas que deberá tomar”.
La reacción ante esta situación por parte de la Asociación
Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) no había hecho
esperar. Roberto Pianelli, su Secretario General, había cruzado al Ejecutivo
capitalino y a Metrovías: “Si creen que sirve firmar un acuerdo con un gremio
que es inexistente en el subte (en referencia a la UTA) y que no hizo las
denuncias por la seguridad de los trabajadores, que después se hagan cargo de
lo que pase”.
A su vez, criticó las declaraciones del titular de la UTA al
sostener que “son una barbaridad” y calificó sus dichos como “más parecidos a
las de un empresario que a los de un sindicalista”.
Y añadió que “si la empresa quiere tomar sanciones es porque
quieren llevar el conflicto a otras cuestiones”.
Nota con despacho de agencia Noticias Argentinas
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