Para el Gobierno porteño, “no hay justificación para las medidas de fuerza en la línea B”

A dos semanas de la inauguración de las estaciones Echeverría y Juan Manuel de Rosas de la línea B del subte, el conflicto entre el Gobierno porteño y los metrodelegados sigue y aún no se vislumbra una salida. En un nuevo capítulo de los idas y vueltas entre las partes, la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, sostuvo que “no hay justificación” para las medidas gremiales que se llevan a cabo en el ramal y pidió a los delegados que “reflexionen” porque “están perjudicando a más de 50 mil personas que no pueden usar ese servicio”.

Estación Juan Manuel de Rosas, nueva cabecera de la línea B, aunque los servicios no llegan hasta allí. (Foto: La Nación)

Vidal señaló que las estaciones recientemente inauguradas “son seguras” y pidió a los sindicalistas que levanten la medida de fuerza en la reunión prevista para el lunes, una vez más en la Subsecretaría de Trabajo porteña. “Todas las condiciones de seguridad están garantizadas. Una cosa es el conflicto gremial y otra cosa es hacerle pensar a la gente que viaja en condiciones de peligro”, añadió.

La funcionaria cuestionó las medidas de fuerza que impiden que la línea B del subte llegue hasta las nuevas estaciones Echeverría y Rosas. Y aseguró que “hay dos fallos de la Justicia que nos han dado la razón” y que “no hubiéramos abierto estas nuevas estaciones si no estuviéramos seguros de que todo estaba en condiciones para que la gente pueda viajar con seguridad”.

Vidal, en declaraciones al canal Telefé, dijo que espera que “el lunes, cuando se reactiven las reuniones, los metrodelegados reflexionen y entiendan que no están perjudicando al Gobierno de Mauricio Macri sino a más de 50 mil personas que necesitan usar este servicio”. Y remarcó: “La verdad es que no hay justificación para que esto no se resuelva cuanto antes”.

El pasado jueves, fracasó una vez más la reunión entre los metrodelegados, la concesionaria Metrovías y el Gobierno porteño. Los trabajadores mantuvieron su posición de evitar prestar el servicio en las dos estaciones inauguradas por cuestiones de seguridad, más allá de que la Unión Tranviaria Automotor (UTA) –el otro gremio- había anunciado un acuerdo “de emergencia” por 15 días.

El titular de la UTA, Roberto Fernández, aseveró que iban a “trabajar entre las tres partes para resurgir el servicio” en dichas paradas. “Hay muchas cosas que hacer para solucionar los inconvenientes y así lograr el bienestar de los trabajadores y los usuarios, con el fin de evitar malas intenciones que tienen que ver con cuestiones políticas”, precisó el gremialista e hizo un comentario por lo menos polémico, al advertir que “si algún trabajador no quiere cumplir con su tarea, la empresa sabrá las medidas que deberá tomar”.

La reacción ante esta situación por parte de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) no había hecho esperar. Roberto Pianelli, su Secretario General, había cruzado al Ejecutivo capitalino y a Metrovías: “Si creen que sirve firmar un acuerdo con un gremio que es inexistente en el subte (en referencia a la UTA) y que no hizo las denuncias por la seguridad de los trabajadores, que después se hagan cargo de lo que pase”.

A su vez, criticó las declaraciones del titular de la UTA al sostener que “son una barbaridad” y calificó sus dichos como “más parecidos a las de un empresario que a los de un sindicalista”.

Y añadió que “si la empresa quiere tomar sanciones es porque quieren llevar el conflicto a otras cuestiones”.

Nota con despacho de agencia Noticias Argentinas 

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