Cedió ese predio y otros ex Centros Clandestinos de Detención por 30 años. Se disolvió el Instituto Espacio para la Memoria (IEM) y se creó un Consejo de la Memoria. La oposición denunció que hubo un “pacto”.
Con los votos del PRO y parte del interbloque kirchnerista,
la Legislatura porteña aprobó ayer el traspaso de la ex ESMA y otros ex Centros
Clandestinos de Detención de la órbita de la Ciudad a la de Nación.
La iniciativa fue impulsada por el jefe de Gobierno porteño,
Mauricio Macri, para que se avale el convenio firmado el pasado 22 de enero con
la Nación y se aprobó con 41 votos positivos y 16 negativos.
Asimismo, la Legislatura votó una iniciativa complementaria
que disuelve el Instituto Espacio para la Memoria (IEM), un organismo autárquico
que administraba los ex centros clandestinos porteños, luego de que fracasara hace
dos semanas, y crea el Consejo Asesor en Políticas Públicas de Memoria.
Los predios que pasarán a la órbita nacional para su uso por
30 años son el edificio del ex Casino de Oficiales –donde funcionó el Centro
Clandestino de Detención-, el Pabellón Central, La Imprenta, el Taller Mecánico
y la Enfermería de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), todos
situados en avenida del Libertador 8151 al 8461.
Por el ex Casino de Oficiales se estima que pasaron cerca de
4.500 detenidos, la mayoría de los cuales fueron asesinados o continúan
desparecidos.
También se traspasaron el centro Automotores Orletti,
ubicado en Venancio Flores 3519/21; y El Olimpo, en Ramón Falcón 4250 (ambos en
el barrio de Floresta); el Club Atlético, de Paseo Colón 1200 (San Telmo) y
Virrey Cevallos, de la calle homónima con el número 628/630 (Montserrat).
El Consejo Asesor en Políticas Públicas de Memoria, que
dependerá de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, tendrá
por objeto impulsar la recopilación del material documental y testimonial a la
época del terrorismo de Estado; promover redes de información e intercambio con
centros o dependencias que tuvieran intereses comunes y fomentar actividades
participativas y exhibiciones.
El traspaso fue repudiado por referentes de derechos
humanos, organizaciones sociales, y por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez
Esquivel, quien envió una carta a cada uno de los legisladores porteños y pidió
un “llamado a una profunda reflexión” a la hora de votar el proyecto.
Los ediles del interbloque UNEN votaron en contra, al igual
que el bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Confianza Pública,
el Movimiento Socialista de los Trabajadores y los legisladores aliados al
kirchernismo Gabriela Cerruti, de Nuevo Encuentro, y Pablo Ferreyra. A la hora
de votar se ausentó el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra.
El diputado capitalino del FIT Marcelo Ramal criticó el
convenio de los gobiernos porteño y nacional al sostener que “esta Legislatura
guarda páginas oscuras de acuerdos y pactos, pero la página que se va a
redactar hoy (por ayer) probablemente sea la más oscura de todas”. A su
criterio, la sanción de la iniciativa es “un pacto que transa negocios por un
lado, pero que quiere ceder por otro la memoria histórica de nuestro pueblo”. “Quieren
transformar la ESMA en un lugar de punteros, transpusieron un límite”, dijo.
En defensa del proyecto, el legislador del PRO Helio Rebot
expresó que “la estabilidad de los trabajadores va a estar resguardada en las
mismas condiciones que están actualmente”.
“Habiendo una política pública consagrada por la ley de
protección de sitios de memoria, lo mejor que podemos hacer es que pasen a la
órbita del Gobierno nacional, en esa convicción estamos trabajando”, sostuvo,
en un intento de justificar el traspaso, la jefa del bloque del Frente para la
Victoria, Gabriela Alegre.
Y añadió: “Estamos de acuerdo en votar y ratificamos las
políticas del Estado Nacional al respecto, porque fueron los gobiernos de
Néstor y Cristina los que tomaron las demandas de la sociedad y las incluyeron
en la agenda nacional”. “Lo hacemos con la convicción de que nunca más en
nuestro país puede existir el horror que sucedió durante la última dictadura
militar”, aseveró la diputada, por momentos conmovida al hacer uso de la
palabra.
Presenció la sesión la dirigente de Madres de Plaza de Mayo
Línea Fundadora, Nora Cortiñas, quien quiso hablar ante los ediles pero no le
fue permitido por cuestiones reglamentarias de la Legislatura. Luego señaló que
“el Gobierno (Nacional) desgajó a los organismos de derechos humanos” y que “los
organismos no fuimos consultados, fue un pacto por atrás”.
Si bien Cortiñas reconoció que el Gobierno Nacional tuvo “muchos
avances”, la aprobación del traspaso, a su entender, “es un gran retroceso”. “Hoy
no estábamos con enemigos, eso es lo triste. Con muchos marchamos juntos
durante estos cuarenta años”, dijo.
En el ámbito nacional, el convenio ya fue aprobado en el
Senado, por lo que sólo resta que sea sancionado en la Cámara de Diputados,
donde ya tiene despacho de mayoría en las comisiones de Legislación General,
Derechos Humanos y Presupuesto y Hacienda. Como se trata de un convenio
interjurisdiccional, tiene que pasar por la Legislatura local –como ocurrió
ayer- y ambas cámaras legislativas nacionales.
Nota con despacho de agencias Noticias Argentinas y Télam
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