La ley, impulsada por el macrismo, fue acompañada por un sector de UNEN, que resultó clave para la aprobación. Establece que pueden instalarse “áreas de servicios” en espacios verdes de 50 mil metros cuadrados o más.
La Legislatura porteña aprobó ayer, en una sesión que terminó
con gritos y algunos forcejeos, un polémico proyecto de ley impulsado por el
macrismo que permite la instalación de bares en parques y plazas de la Ciudad
que tengan más de 50 mil metros cuadrados.
El PRO consiguió aprobar la iniciativa en segunda lectura por
36 votos positivos, 19 negativos y ninguna abstención, gracias al apoyo de
parte del interbloque UNEN y Confianza Pública y que tuvo el rechazo del interbloque
kirchnerista, Proyecto Sur, Partido Socialista Auténtico, MST y el Frente de
Izquierda. Sancionada la norma, hubo gritos y algunos incidentes en el recinto
del Parlamento capitalino, donde comuneros y vecinos que se oponían al proyecto
denunciaron insultos y agresiones de personas que señalaron como “patoteros”.
El proyecto fue presentado por el legislador macrista José
Luis Acevedo, que habilita la entrega de permisos precarios por hasta cinco
años para la instalación de bares en grandes espacios verdes de la Ciudad que
tengan más de 50 mil metros cuadrados, aunque no podrá haber más de cinco en
cada uno. Cumplen con esa condición los parques Centenario (del barrio de
Caballito), Lezama (San Telmo), Chacabuco, Patricios, Indoamericano (Villa
Soldati), Thays (Recoleta); Sarmiento (Saavedra), entre otros.
El texto de la ahora ley, que se había aprobado por primera
vez en noviembre de 2013 y luego tratada en audiencia pública el 19 de marzo
pasado, expresa que en las denominadas elegantemente “áreas de servicio” se
podrán vender “emparedados calientes de salchichas tipo viena (léase: panchos),
agua, y bebidas sin alcohol envasadas y la elaboración y venta de infusiones de
café, té, yerba mate, leche, jugos exprimidos y licuados”. Y no se permitirá el
expendio de bebidas alcohólicas ni cigarrillos, como tampoco la instalación de
parrillas.
Los bares deberán tener baños de uso público y gratuito, una
estación de vida saludable que deberá tener una zona de descanso e hidratación
gratuita para quienes realicen actividad física, además de estacionamiento y
alquiler de bicicletas ofrecido por el Gobierno porteño, conexión a Internet
mediante wi-fi de manera gratuita y una biblioteca.
El proyecto plantea además que estos comercios a instalarse
en los espacios verdes deberán estar a no menos de 50 metros de la calle para
que no compitan con los bares que están fuera de los parques y “no podrán
interferir con el normal desarrollo de otras actividades existentes en el lugar
ni restringir al público, en forma alguna, el normal uso y goce del parque y de
sus instalaciones y servicios”. Y tendrán que estar alejados de monumentos,
estatuas y esculturas. En lo que respecta a dimensiones, tendrán 30 m2
cubiertos y 100 m2 descubiertos para el área de mesas y sillas, y un espacio de
5m2 para que puedan tocar artistas callejeros a la gorra.
Otros requisitos que deberán cumplir para poder funcionar
son “incorporar criterios de arquitectura sustentable y tipologías uniformes
que se complementen y articulen con el espacio periférico; equipamiento que
asegure la separación de residuos en origen y su reciclado; conservación de las
especies arbóreas, arbustos, flora y mantenimiento del área y ciertos topes en
las superficies de cada núcleo de servicio”.
Asimismo, el texto puntualiza que un 30 por ciento de los
permisos deberá ser otorgado a ONGS, y cada bar deberá emplear como mínimo a un
trabajador discapacitado.
El tratamiento de la propuesta tuvo algunos momentos tensos
cuando vecinos que habían ido a escuchar la sesión en el recinto gritaban para
instar a los legisladores a que no la voten favorablemente. Algunos vecinos,
agrupados en la Red InterParques y Plazas, iniciaron a mediados de abril la
campaña “Parques sin bares”.
En defensa de su proyecto, Acevedo manifestó que “es una
reivindicación a los sectores más postergados, aquellos que no tienen recursos
para ir al country o pagar el club. A ellos, a través de esta ley, el Estado
les otorga todas esas comodidades de forma gratuita”.
Desde la oposición, la edil kirchnerista Claudia Neira
fundamentó el rechazo a la norma al señalar que “no podemos avalar un proyecto
donde el privado sea el vertebrador del espacio público” y añadió que “acá no
se trata de discutir si está bien o no poner un bar, acá debatimos la concepción
de espacio público que pretende motorizar el Gobierno de la Ciudad que pone al
Estado al servicio de los concesionarios privados”.
Otros sectores de la oposición porteña, luego de la aprobación
de la norma, denunciaron un pacto entre el PRO y UNEN, y señalaron que va en
contra de la conservación de los espacios verdes. En ese sentido hizo
referencia el legislador Alejandro Bodart, del MST: “En una ciudad donde se
entregan las tierras públicas al negocio inmobiliario, se avanza con más
cementación y encima sobre espacios verdes. La excusa no pueden ser los baños
públicos, que debe instalarlos el Estado sin necesidad de ninguna concesión
privada”.
Por su parte, la vecina del Parque Centenario y miembro de
la Red InterParques y Plazas Juliana Giménez, expresó que la ley “es
anticonstitucional porque la Carta Magna de la Ciudad dice que los espacios
verdes deben incrementarse, no disminuirse”.
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