La fiscalización de la autoridad recaudadora comenzó siete meses antes del incendio y derrumbe del depósito de Barraca, donde en febrero pasado murieron diez personas. La multinacional dedicada a la guarda y custodia de documentación tiene sede en Luxemburgo, un paraíso fiscal, y no se sabe quiénes son sus dueños.
La Justicia federal abrió una investigación contra la
multinacional Iron Mountain por presunto lavado de dinero, a raíz de una denuncia
realizada por la AFIP, a casi cuatro meses del incendio que costó la muerte de
nueve bomberos y un rescatista y en el que se habrían perdido datos sensibles
sobre la actividad financiera en el país.
La investigación de la causa, abierta la semana pasada, la
lleva adelante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número
12 del magistrado Sergio Torres, a partir de la denuncia presentada por al
Administración Federal de Ingresos Públicos, cuyo titular es Ricardo Echegaray.
El organismo recaudador nacional detectó maniobras
financieras sospechosas de la empresa de capitales norteamericanos por 17,8
millones de dólares entre 2007 y 2014, según publicó el diario Página/12 en su edición del domingo.
Iron Mountain es una empresa de importancia a escala global
fundada en 1951 que ocupa el puesto 721 en el ranking de las mil empresas
estadounidenses de mayores ingresos elaborado por la revista Fortune.
La multinacional desembarcó en Argentina en el año 2000
luego de adquirir CADA Storage, otro establecimiento dedicado a la guarda y
custodia de documentación.
La investigación que ahora acompaña el expediente judicial
identificó en el funcionamiento de Iron Mountain Argentina S.A una serie de
comportamientos e inconsistencias que caracterizan delitos de lavado de dinero.
La fiscalización de la AFIP que acompaña la causa comenzó en
junio de 2013, siete meses antes del incendio del 5 de febrero que destruyó el
depósito de la firma en Barracas y dejó un saldo de diez muertos entre bomberos
y rescatistas.
En ese momento, la firma apareció en el radar ya que, a
pesar de mantener una extensa plantilla de empleados y un elevado nivel de
facturación, nunca arrojó utilidades. Por ende, tampoco ingresó dinero al fisco
en concepto de Impuesto a las Ganancias.
La investigación que realizó el organismo encabezado por
Ricardo Echegaray se aceleró tras el accidente y permitió identificar maniobras
sospechosas que, a priori, no son ilegales.
Como parte de ese proceso se emitieron cuatro Reportes de
Operaciones Sospechosas (ROS) y se solicitó información a las Islas Caimán
donde está radicada su propietaria mayoritaria, aunque el territorio británico
de ultramar todavía no respondió.
En paralelo, la Procuraduría Adjunta de Criminalidad
Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Comisión Nacional de Valores
(CNV) están finalizando la investigación sobre la documentación que resultó
destruida por las llamas. Los resultados preliminares de ese análisis advierten
que durante el siniestro se perdieron cajas con datos claves para
investigaciones por presunto lavado de dinero que involucraban a los bancos
Patagonia, HSBC, JP Morgan y BNP Paribás, citó el matutino.
Iron Mountain tiene su casa matriz en Boston, pero el 98,8
por ciento de la filial argentina es propiedad de otra firma radicada en
Luxemburgo. Al ducado europeo se mudaron el año pasado desde las islas Caimán y
los representantes en Buenos Aires de los accionistas extranjeros nunca
visitaron esos reconocidos paraísos fiscales, no reciben órdenes desde allí ni una
retribución por sus servicios.
Si bien la empresa opera en un sector con elevados niveles
de rentabilidad, genera escasas o nulas utilidades, lo que le permite evitar el
Impuesto a las Ganancias, publicó el diario capitalino.
Para solventar sus operaciones, Iron Mountain Argentina se
financia con un flexible y renovable préstamo por 20 millones de dólares
otorgado por una subsidiaria del grupo radicada en Suiza y canalizado por el
banco HSBC.
La denuncia de AFIP está enmarcada en la ley 25.246, que en
su artículo 21 considera como operaciones sospechosas de lavado de dinero
“aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la
actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las
personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica
o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma
aislada o reiterada”.
Bodart: El subsecretario Sabor “cajoneó mi pedido de clausurar los depósitos”
El legislador porteño del Movimiento Socialista de los
Trabajadores (MST) Alejandro Bodart manifestó, ante la denuncia de la AFIP
contra Iron Mountain por supuesto lavado de dinero, que “el subsecretario de
Trabajo macrista, Ezequiel Sabor, cajoneó el pedido de clausura de los depósitos
de Iron Mountain que le presenté en febrero”.
El edil sostuvo, a su vez, que “en la Legislatura tampoco
aceptaron mi proyecto de formar una comisión investigadora”. Y puntualizó que “la
empresa cuyo incendio sospechoso se llevó diez vidas incumple los requisitos más
elementales de seguridad” y añadió que si la empresa “es investigada penalmente
por lavado de dinero no puede seguir abierta ni un día más”.
Por otra parte, Bodart dijo que “a los inspectores de
Trabajo que han presentado denuncias formales, Sabor en vez de protegerlos los
persigue con amenazas y descuentos compulsivos”. Citó los casos de “Edgardo
Castro y Osvaldo Seguel, delegados de ATE, que vienen señalando falencias que
además ponen vidas en riesgo”.
“Mauricio Macri subió al Gobierno como producto de Cromañón,
pero el descontrol estatal y la corrupción continúan.”, concluyó el legislador.
Nota con información del diario Página/12
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