Algunos acampan en el espacio que quedó entre el predio donde estaba la villa y el vallado sobre la avenida Cruz, mientras que otros lo hacen fuera del sector cercado, a la espera de que los dejen entrar. Ya no quedan detenidos por los disturbios. La Fiscalía pidió que se envíe a juicio a seis personas acusadas de organizar la toma.
A pesar de la jornada fría, ventosa y con lluvia, un grupo
de personas mantiene un precario campamento en las inmediaciones del ahora
vallado predio en el que se había establecido el asentamiento Papa Francisco,
en el barrio de Villa Lugano, donde reclaman acceder nuevamente al lugar.
Se trata de unas 60 personas que no aceptaron ir a los
paradores de la Ciudad ni se reubicaron por su cuenta en otro lugar y pasaron
la noche del domingo y todo el lunes en la zona, sobre la avenida Francisco
Fernández de la Cruz. Los ocupantes desalojados reclaman el ingreso al área
donde estaba instalado el asentamiento, pero se encuentra vallado y custodiado
por la Policía Metropolitana.
Es que la fuerza policial porteña delimitó un perímetro con
vallas para impedir el acceso a los terrenos deshabitados. Algunas de las
personas que han vivido allí acampan en el espacio que quedó entre el predio
donde estaba el asentamiento, que se encuentra tapado con chapas, y el vallado
sobre la avenida Fernández de la Cruz, mientras que otros acampan fuera del
sector cercado, a la espera de que los dejen entrar.
Los familiares que están fuera del perímetro realizan ollas
populares y acercan alimentos a los que están del otro lado de las vallas, como
si fuera un muro.
“Estoy esperando que me dejen entrar. A la mañana salí
temprano a buscar los documentos para demostrar que había sido censada y ahora
no me dejan pasar. Tengo mis hijas de 15 y 13 años adentro”, le dijo
Guillermina, una de las ex habitantes del asentamiento, a la agencia de
noticias Télam.
Por su parte, Gladys, contó: “Yo estoy con mi familia en una
carpa, hoy dije que tenía que salir, me tomaron los datos pero ahora no me
dejan entrar”.
“Más allá de cuántos están de aquel lado o de este, todos
quedamos en la calle. Lo único que nos ofrecieron fueron paradores y subsidios
de 600 pesos por mes. No hubo y no hay ninguna propuesta que solucione nuestro
problema” comentó Cristian, uno de los delegados del barrio que estuvo detenido
13 horas.
La jueza María Gabriela López Iñiguez defendió el operativo
de desalojo realizado el sábado y señaló que “sólo quedan unos 20 hombres
jóvenes acampando en las inmediaciones que se niegan a aceptar cualquier tipo de
ayuda”. En declaraciones difundidas por el Departamento de Información del
Poder Judicial de la Ciudad, la magistrada manifestó que el procedimiento “se
realizó sin incidentes, sin resistencia y sin heridos”, pese a que hubo vecinos
y legisladores con heridas de balas de goma como consecuencia de los disturbios
que se produjeron.
Según López Iñiguez, hubo “focos de resistencia” que
surgieron “horas más tarde, cuando se iniciaron las tareas de liberación del
predio con actividad de maquinaria, ante el acercamiento de personas que no se
encontraban en la toma al momento de concretarse el allanamiento”. Ya no quedan
detenidos por los disturbios.
Por su parte, el procurador general porteño Julio Conte Grand,
dijo que se trata de “entre 30 y 50 personas” las que se encuentran acampando
en el bulevar de la avenida Fernández de la Cruz. Y añadió que el sector donde
los ex vecinos del asentamiento están instalados precariamente “está fuera” del
área intervenida por la Justicia, por lo que se espera que sea objeto de “una
nueva denuncia”
La Fiscalía solicitó ayer a la Justicia
porteña que envíe a juicio a seis acusados de organizar la toma del lugar.
Entre los sospechados se encuentran Antonio Marcelo Chancalay, puntero que estuvo ligado al PRO, al Frente para la Victoria y a UNEN; Emmanuel Ríos y De
Luca, vinculados al “Movimiento Evita”; y Martha Yané, quien trabaja en el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, según precisó la agencia Noticias
Argentinas.
El legislador porteño Gustavo Vera, del bloque Verde Alameda
y allegado al Papa Francisco, contó que se comunicó por mail con el Pontífice,
quien lloró cuando se enteró que el predio fue desalojado.
El asentamiento Papa Francisco fue desalojado en un
operativo conjunto por la Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional tras
una orden judicial emitida días después de que una joven de 18 años fuera
asesinada en las inmediaciones durante un asalto y posteriormente fuera detenido
un habitante del predio, que se levantó ilegalmente en febrero pasado en la
avenida Fernández de la Cruz y Pola. Las humildes casillas que habían sido
erigidas en esos terrenos fueron demolidas.
Nota con despachos de agencias Télam y Noticias Argentinas
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