Pertenecen a agrupaciones de izquierda. Están acusados de instigar a los vecinos de la Villa 20 de tomar el predio de Villa Soldati en diciembre de 2010, en cuyo operativo de desalojo, días después, actuaron en conjunto la Policía Federal y la Metropolitana, reprimieron brutalmente y murieron dos personas.
Dos militantes sociales son enjuiciados desde ayer por la
toma del Parque Indoamericano en diciembre del 2010, espacio verde de Villa
Soldati que fue ocupado durante varios días y que en el operativo de desalojo
realizado en conjunto por la Policía Federal y la Metropolitana, que reprimieron brutalmente, murieron dos personas. Los
imputados se negaron a declarar y dijeron que lo harán más adelante.
Los militantes que están sentados ante el Tribunal y optaron
por no declarar son Diosnel Pérez Ojeda, presidente de la junta vecinal de la
Villa 20 y miembro del Frente Popular Darío Santillán, y Luciano Nardulli, de
la Corriente Clasista y Combativa.
En la primera audiencia se leyó el requerimiento de elevación
a juicio por el que se acusa a los dos dirigentes sociales de haber instigado a
vecinos de la Villa 20 de llevar adelante la ocupación. También están acusados
de haber insistido en volver a tomar el lugar dos días después, a través de
hacer valer su rol social y político en la zona.
A su turno, el abogado de los acusados, Nicolás Tauber,
solicitó la nulidad del juicio porque, según planteó, no es preciso en los
hechos que se los imputa y por el cambio de acusación que hizo la Fiscalía, ya
que los pasó de instigadores a coautores del delito de usurpación.
En esta audiencia se citaron a declarar a los primeros
testigos ofrecidos por la Fiscalía, de un total de 26, la mayoría de ellos
policías que intervinieron en el operativo de desalojo del predio de Villa
Soldati.
Pero entre los testigos citados se presentó, en su carácter
de denunciante, el Coordinador del Área Legal y Técnica de Corporación Sur,
Ariel Solar Grillo. Es que dicha corporación tenía la administración del predio
en momentos de la toma por un decreto del jefe de Gobierno porteño, Mauricio
Macri.
Posteriormente la jueza en lo Penal, Contravencional y de
Faltas 21 de la Ciudad de Buenos Aires, Cristina Lara, dispuso un cuarto
intermedio hasta hoy. En las puertas de la sede del juzgado, en Tacuarí 138,
organismos sociales y de derechos humanos protestaban.
La toma del Parque Indoamericano tuvo lugar el 6 de
diciembre de 2010, cuando varias familias ocuparon el predio situado al sur de
la Ciudad, el cual al ser desalojado en el operativo conjunto de la Policía
Federal y la Metropolitana murieron Rosemary Chura Puña, de 24 años, y
Bernardo Salgueiro, de 22. El juicio se limita a lo ocurrido por la ocupación
del espacio verde, ya que las dos muertes se tramitan en otra causa.
Los militantes Pérez Ojeda y Nardulli habían sido sobreseídos
en primera instancia, pero la Sala I de la Cámara Penal, Contravencional y de
Faltas porteña revocó la medida por considerarla prematura. De acuerdo a la
imputación realizada por el Ministerio Público Fiscal, los acusados son
juzgados por infracción al artículo 181 del Código Penal, que establece una
pena de seis meses a tres años de prisión.
A través de un comunicado, el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS) denunció que “la decisión de llevar a juicio a Pérez y Nardulli
sienta un grave precedente de criminalización de referentes sociales y
evidencia el trato discriminatorio y violento con que el Gobierno de la Ciudad
se ha posicionado frente a conflictos como los del Indoamericano”.
Las audiencias están programadas para el 24, 27, 29 y 31 de
octubre, con la presencia de los testigos propuestos por la defensa, y la
exposición de los alegatos finales de las partes.
El requerimiento de elevación a juicio se llevó a cabo el 20
de marzo de 2012 y la investigación efectuada por la Fiscalía había permitido
identificar a otras cuatro personas más, pero dos de ellas llegaron a un
acuerdo a través de una mediación penal y acordaron realizar tareas
comunitarias. Se trata de Alejandro “Pitu” Salvatierra, delegado de Villa
Soldati y referente kirchnerista de la zona, y Noemí Ruejas, del barrio Los
Piletones. En tanto que los otros dos imputados, Antonio Chancalay –delegado de
la Villa 20, y Berta Revilla, de Los Piletones- fueron sobreseídos por falta de
pruebas. Un dato no menor: Chancalay también estuvo acusado como organizador de
la toma, en febrero pasado, de un terreno lindero al Indoamericano, que devino
en el asentamiento Papa Francisco; en esta oportunidad aceptó su culpabilidad y
recibió una pena de ocho meses de prisión en suspenso en un juicio abreviado.
Nota con despacho de agencia Noticias Argentinas
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