En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, acusó a lo que denominó “Partido Judicial” de “impedir que se gobierne y que se apliquen leyes constitucionales”. Anunció que reestatizará la administración de los ferrocarriles. En las afueras del Congreso, recibió un masivo apoyo de la militancia.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró ayer
el 133 período de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, con un mensaje
de casi cuatro horas en el que hizo un balance de la gestión no sólo de sus
ocho años al frente del Gobierno, sino también de los cuatro años de su esposo
y antecesor, Néstor Kirchner. En su discurso, afirmó que se ha “desendeudado
definitivamente al país” y criticó duramente a un sector de la Justicia, al que
denominó una vez más “Partido Judicial” y acusó de “impedir que se gobierne y
que se apliquen leyes constitucionales” mediante “cautelares delivery”. Y
anunció el envío de una ley para reestatizar la administración de los ferrocarriles.
Durante su último discurso ante la Asamblea Legislativa, ya
que su segundo mandato concluye el 10 de diciembre, la Presidenta sostuvo que “nunca
más” habrá gobiernos que “tengan que tomar deuda para tomar deuda”.
“Yo no dejo un país cómodo para los dirigentes sino para la
gente, dejo un país muy incómodo para los dirigentes si quieren anular los
derechos de los últimos años”, dijo enfática Cristina tras destacar las medidas en materia económica y social de su gestión.
En un tramo de su extenso mensaje de tres horas cuarenta
minutos en el recinto del Congreso, apuntó contra los fondos buitres, a los que
calificó como “chupadores de sangre internacionalmente reconocidos”.
Fue notorio el fastidio de la jefa de Estado cuando vio que dos diputados
de la oposición colgaron carteles en el que exigían la apertura de los archivos
y una comisión investigadora por el atentado a la AMIA de julio de 1994. “No
necesito carteles, yo puedo ir con carteles al frente de la AMIA para decir que
un ex presidente de la AMIA, Rubén Beraja, encubridor y vaciador de bancos, está
procesado”, señaló a los gritos.
“La causa AMIA asquea porque fueron 85 víctimas que las
utilizaron de adentro y de afuera con fines políticos, no podemos seguir
manoseando a sus familiares”, remarcó. También dijo: “Me llama poderosamente la
atención y nunca pude entender porqué el Estado de Israel reclama por la AMIA y
nunca habla del atentado a la Embajada de Israel”, ocurrido en 1992, causa que
quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia por ser territorio
extraterritorial. Instó al máximo tribunal, cuyo titular Ricardo Lorenzetti
estaba presente entre los invitados, a que informe si hubo avances en esa
investigación. Incluso pidió que el ex embajador israelí en Buenos Aires Itzhak
Avirán “venga a testimoniar personalmente” al país.
En el recinto escuchaban a Cristina, con mayor o menor
atención, todo el Gabinete y legisladores del oficialismo y la oposición. Afuera,
en la Plaza de los Dos Congresos, alrededor de 400 mil personas (según cifras
oficiales, aunque la Policía Federal estimó la concurrencia en más de 250 mil)
conformadas mayormente por la militancia que se congregaron para darle su
apoyo, aplaudían y vivaban cada palabra de la mandataria, a la que miraban a
través de las pantallas gigantes. La movilización fue convocada por el
kirchnerismo y organizaciones sociales y sindicales como respuesta a la marcha
del 18F organizada por fiscales y a la que asistió prácticamente toda la
oposición, y a la que concurrió idéntico número de ciudadanos para pedir el esclarecimiento de la
muerte de Alberto Nisman, que tenía a cargo la investigación del atentado a la
mutual judía y acusó de encubrimiento a la Presidenta y al Canciller Héctor
Timerman, entre otros dirigentes, denuncia que desestimó el juez Daniel Rafecas.
La jefa de Estado evitó confrontar directamente con la
oposición, algo que olvidó cuando vio los carteles sobre la AMIA, para poner el
foco principalmente en hacer un balance de sus ocho años al frente del
Gobierno.
Entre los diputados de la oposición, se encontraban los
radicales Julio Cobos, Ernesto Sanz y el líder del Frente Renovador, Sergio
Massa, por mencionar tan sólo algunos. En cambio, no concurrió el diputado socialista
Hermes Binner, que viajó a Uruguay para la asunción de Tabaré Vázquez, la
diputada macrista Laura Alonso ni los senadores Adolfo Rodríguez Saá, Carlos
Menem y Carlos Reutemann. También estuvo vacía la banca de la diputada Elisa
Carrió, que en la semana había señalado que Cristina lanzaría “un autogolpe”
durante la Asamblea Legislativa.
La mandataria hizo tan sólo una referencia a un candidato
presidencial opositor. Fue a Mauricio Macri, aunque sin nombrarlo, cuando
anunció la nacionalización de los ferrocarriles antes de que termine su
mandato. En ese momento, se dirigió al jefe de la bancada PRO en Diputados,
Federicio Pinedo, con ironía al asegurar que ya que su líder político aseguró
recientemente que comparte “el cien por ciento de los principios justicialistas”
va a apoyar esa nacionalización. Cristina aclaró que no tiene “ningún afán
nacionalizador”, sino que la decisión radica en poder ahorrar 400 millones de
pesos anuales en la gestión operativa de los trenes.
En lo que respecta a políticas económicas y sociales, hizo
una defensa de las medidas adoptadas tanto en su gestión como en la presidencia
de su marido y antecesor Néstor Kirchner. “Tuvimos que hacernos cargo de una
crisis internacional que no generamos y la enfrentamos con políticas activas
del Estado” afirmó Cristina. También hizo una defensa del acuerdo firmado
recientemente con China, que ha sido cuestionado tanto por la oposición como
por sectores de la industria, al sostener que “dentro de cinco años China será
la principal potencia económica mundial, si ya no lo es”.
Tras tres horas cuarenta minutos de discurso, Cristina se
despidió con una lluvia de pétalos de rosas que caían desde los palcos, los enérgicos
aplausos oficialistas y el indisimulable fastidio de la oposición, en lo que fue
su último mensaje en el Congreso como Presidenta.
Nota con despachos de agencias Télam, Noticias Argentinas y
ANSA
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