El juez Gallardo había dado lugar a una cautelar y prohibió “toda actividad comercial de baile con música en vivo o grabada”. El Gobierno porteño negoció con las ONGs que presentaron ese recurso y con la Cámara de Discotecas, y otro magistrado resolvió suspender la medida.
Luego de
que se conociera ayer por la mañana una orden judicial que prohibía “toda
actividad comercial de baile con música en vivo o música grabada” y del
consecuente malhumor de los jóvenes por la decisión, a medida que la noticia
corría como reguero de pólvora, las autoridades negociaron por la tarde con las
partes y el juez porteño Leandro Fastman suspendió esa cautelar dictada
por el magistrado Roberto Gallardo, por lo que la Ciudad de Buenos Aires no se
quedó sin su vida nocturna y los boliches y otros espectáculos pudieron abrir
sus puertas este fin de semana, en una consecuencia más de la tragedia de Costa
Salguero, en la que murieron cinco personas hace dos semanas.
El juez
Fastman, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 14,
suspendió la medida cautelar que había dictado su colega Gallardo, en la que
había dispuesto prohibir el funcionamiento de locales bailables.
En el
escrito, el magistrado había explicado que dictó la prohibición de “toda
actividad comercial de baile con música en vivo o música grabada” en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires ante el “cuadro de impunidad e inexistencia de
control estatal respecto de la actividad nocturna”, a raíz de un pedido de
varias ONGs.
El reclamo
había sido realizado por la Asociación Civil Vientos de Libertad, la Federación
Argentina de Cartoneros y Recicladores y la Federación Universitaria de Buenos
Aires (FUBA), a través de la presentación de una medida cautelar.
Pero en una
audiencia que se realizó ayer por la tarde, en la que el juez Fastman decidió
la suspensión de la medida cautelar dictada por Gallardo a raíz de que las partes solicitaran eso a partir de la ratificación del compromiso asumido
por el Gobierno de la Ciudad de no otorgar permisos para la realización de
eventos masivos de música electrónica, y presentar en el término de cinco días
un informe pormenorizado sobre las fiscalizaciones realizadas por la Agencia
Gubernamental de Control a los locales bailables en el transcurso de mes de
abril.
De la
audiencia participaron Sergio Sánchez, de la Federación Argentina de Cartoneros
y Recicladores; el Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa; el
secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro; el director Ejecutivo de Control
Matías Álvarez Dorrego; el director General de Habilitaciones y Permisos Diego
Pérez Lorgueilleux; el director general de Fiscalización y Control Gustavo May;
y Héctor Becco, presidente de la Cámara Empresaria de Discotecas de Buenos
Aires. También la presenció el fiscal Damián Corti.
En la
presentación que Gallardo tuvo en cuenta para prohibir los boliches se planteó
que en la “impunidad” que existe en la noche porteña “se podía obtener y
consumir estupefacientes de alta peligrosidad”. Las organizaciones que
interpusieron el recurso denunciaron que se trata de un “modelo de negocio
basado en poner en riesgo” a los jóvenes porque en los recintos se genera un “clima”
de incitación al consumo de drogas y alcohol al manipular la temperatura y la
humedad y añadir otros efectos, como el humo, según explicó ayer el abogado de
la Asociación Civil Vientos de Libertad, Juan Grabois, en declaraciones al
canal Todo Noticias.
En su
fallo, el magistrado había señalado que “en la mayoría de los locales y
boliches denunciados se realizan fiestas electrónicas y otras actividades en
incumplimiento de la normativa vigente, y fuera de todo control por parte de
las autoridades”.
El juez
considera que los controles que realiza la Ciudad a los establecimientos son “arbitrarios
e ilegítimos” y que hay “omisiones”. En ese sentido, el juez había detallado
que de los boliches renombrados, “cuatro realizan bailes sin estar habilitados,
uno con la misma dada de baja, y los nueve restantes eventos de fiestas electrónicas”.
Enumeró en el listado a los boliches Rumi, Hummer, Rosebar, Groove, Nicelo
Club, Club Shampoo, Jet Lounge, Asia de Cuba, Hood Club, The Roxi, Ink, Crobar,
Bahrein y Mansión Wax.
La medida
había caído mal en el mundo de la noche. Becco había adelantado que no acatarían
la medida “en absoluto” porque es “totalmente inconstitucional”. “Hay casi un
millón de jóvenes que concurren a la noche porteña, si prohíben los boliches
van a salir igual a lugares en Provincia o a casas privadas donde no hay médicos,
ni policías, ni nada”, dijo.
En su
resolución, que quedó sin efecto por el nuevo fallo, Gallardo había ordenado al
Gobierno porteño que comunicara masivamente su decisión en la página web
oficial y en medios de comunicación, para que el cuerpo policial o bien los
inspectores procedieran a la “inmediata clausura” de aquellos locales que
desobedecieran la orden judicial”.
“El
Gobierno de la Ciudad podrá a los fines de exceptuar a los locales cuyas
actividades ostensiblemente no se encontraren dentro de las previsiones de
autos (peñas, milongas y centros culturales entre otros) certificar dicho
extremo y requerir al Tribunal su exclusión de las previsiones impeditivas”,
había dispuesto el magistrado.
El jefe de
Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había calificado como un “verdadero
disparate” la decisión judicial. “Nosotros respetamos las decisiones de la
Justicia, pero en este caso no estamos para nada de acuerdo con el accionar del
Juez. Hay miles de personas que se divierten sanamente todas las noches y
nosotros vamos a defenderlas”, sostuvo.
El
mandatario capitalino detalló que “como sociedad” preocupan las adicciones, “pero
eso no significa que haya que literalmente cerrar toda la noche”. “Esta semana
enviamos un proyecto de ley a la Legislatura con una serie de medidas de
prevención y educación, incluso suspendiendo los festivales electrónicos
masivos hasta que estas medidas no estén implementadas. Pero clausurar toda la
noche porteña es un despropósito”, añadió en
un comunicado.
La decisión
del juez se había dado a conocer catorce días después de la trágica fiesta
electrónica Time Warp que se realizó en el complejo Costa Salguero, donde cinco
jóvenes murieron por consumo de drogas, y que quedaran bajo la lupa de la
investigación funcionarios del Gobierno porteño del área de habilitaciones.
En lo que
respecta a la causa judicial, son más de treinta las personas citadas a
indagatoria por el juez federal Sebastián Casanello, y otras seis están
detenidas, entre ellos Adrián Conci, el presidente de Dell Producciones, la
firma organizadora del evento.
Nota con
despacho de agencias Noticias Argentinas, Télam, EFE y AP
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