Los diputados capitalinos analizarán siete proyectos, que
van desde un nuevo llamado a licitación hasta su estatización. El contrato de
Metrovías vence a fin de año. Hay discrepancias sobre la cantidad de votos que
se requieren para su aprobación.

La Legislatura porteña analiza hoy en un plenario de
comisiones los siete proyectos vinculados al futuro del servicio del subte de
la Ciudad de Buenos Aires, que van desde un nuevo llamado a licitación hasta su
estatización, ya que el contrato de la concesionaria Metrovías vence a fin de
año.
Los legisladores están citados a las 9.30 en el salón Raúl
Alfonsín del Parlamento capitalino, donde se reunirán las comisiones de Obras y
Servicios Públicos, Tránsito y Transporte y de Presupuesto.
Por un lado, será puesto en consideración la iniciativa del
Ejecutivo porteño que plantea el llamado a licitación pública nacional e
internacional para la concesión de la operación y mantenimiento del servicio de
las cinco líneas de subte y el Premetro por un período de doce años, con la
opción de tres más.
Por otra parte, la oposición capitalina tendrá la
posibilidad de exponer otros seis proyectos presentados desde los diferentes
bloques que promueven, con diferentes alcances, la estatización del servicio.
La empresa Metrovías concesiona el servicio desde la década
del 90, cuando comenzó a explotar el subte a raíz de un convenio firmado con la
Nación y continuó cuando posteriormente la administración de ese medio de
transporte pasó a la órbita de la Ciudad.
Sin embargo, como el proceso de licitación para una nueva
prestadora demandará un lapso mayor –en caso de prosperar la propuesta del
oficialismo- se sumó a la redacción original una cláusula transitoria que
habilita la continuidad de Metrovías hasta diciembre de 2018.
Pero hay un aspecto no menor respecto a la votación de la
iniciativa: existen discrepancias entre los legisladores respecto de la
cantidad de adhesiones que requiere para su aprobación en el recinto, que será
tratado en la sesión ordinaria del próximo 2 de noviembre.
Desde el interbloque de Vamos Juntos (integrado por el PRO,
la Coalición Cívica y la fuerza Confianza Pública de Graciela Ocaña) aseguran
que necesita 31 votos, dado que se trata de la concesión de un servicio público;
mientras que desde la oposición sostienen que, por el contrario, se requieren
40 respaldos, ya que se está poniendo en consideración “un dominio público”.
Nota con despacho de agencia Télam
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