Argumentó que “excede lo establecido por la Corte”. La norma aprobada por la Legislatura no ponía límites a las semanas de gestación para la realización de la intervención. Rechazo de la oposición porteña.
Luego de haber anunciado que la semana próxima se realizará la primera intervención en la Ciudad, sobre la base de una resolución ministerial, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, finalmente resolvió ayer vetar la Ley de aborto no punible que había sancionado la Legislatura.
La decisión que tomará Macri fue anunciada a través de un comunicado. La Legislatura porteña aprobó en la madrugada del pasado 28 de noviembre la Ley de aborto no punible, luego de una reñida votación (30 votos a favor y 29 en contra) y en un debate intenso en un tema que nunca deja de ser polémico.
El jefe de Gobierno consideró que dicha ley “excede lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo del 13 de marzo último” y remarcó que de esta forma queda vigente la resolución 1252 del Ministerio de Salud de la Ciudad.
Esa resolución ministerial consiste en el protocolo de aborto, que fue criticado por la oposición porteña y fue publicado el pasado 6 de septiembre en el Boletín Oficial capitalino con la firma del ex ministro Jorge Lemus. Ese protocolo estableció el procedimiento aplicable para la asistencia sanitaria de prácticas de aborto no punibles en el ámbito de la Ciudad.
En los días previos de conocida la decisión de Macri, se dejaba trascender que el titular del Ejecutivo porteño evaluaba vetar de manera parcial o completa la norma, una vez que le fuera remitida desde la Legislatura.
Sin embargo una declaración del mandatario provocó confusión al anunciar el jueves por la noche, durante una cena organizada por Consenso Republicano, aunque se conoció ayer, que el martes próximo se realizará “el primer aborto legal en la Ciudad de Buenos Aires”, en el caso de “una mujer de 32 años que pasó por todas las instancias legales”.
En ese encuentro le preguntaron por el tema y contestó “soy el jefe de los vetos”, pero inmediatamente después anunció que la intervención a la mujer, que fue víctima de la trata de personas, se realizará en el Hospital Ramos Mejía.
La interrupción del embarazo será en cumplimiento de la resolución 1252, según confirmó la cartera de Salud, sobre la base de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
En los últimos días, ante la posibilidad de que Macri vetara el protocolo aprobado por la Legislatura, hubo un fuerte debate público.
El jefe de Gobierno evitó dar los fundamentos del veto, pero apuntan a que la Ley a vetar establece que una menor puede requerir por sus propios medios el aborto, entre otros aspectos que dieron lugar a la polémica en la Legislatura.
La resolución del ministerio de Salud reglamenta el fallo de la Corte Suprema pero al mismo tiempo es más restrictiva, lo que generó cuestionamientos de distintos sectores de la sociedad. Dicha resolución establece que debe intervenir un equipo interdisciplinario para los abortos, algo que no recomendaba la Corte, mientras que ponía como límite de 12 semanas de embarazo para autorizar la intervención en los casos permitidos, cuando el máximo tribunal no estableció plazos.
En el diario Tiempo Argentino se publicó una solicitada con más de mil firmas de integrantes de distintos partidos políticos, movimientos sociales, referentes de la cultura y el espectáculo, periodistas y académicos, tanto los alineados con el kirchnerismo como opositores, para pedirle que no la vetara. Entre las muchas firmas de esa solicitada, figuran las de Víctor Hugo Morales, Jorge Lanata, Ricardo Forster, Beatriz Sarlo, Osvaldo Bayer, Martín Caparrós y los tres senadores nacionales por la Ciudad (María Eugenia Estenssoro, Samuel Cabanchick y Daniel Filmus).
Pero, conocida la decisión que llevará a cabo, las reacciones no se hicieron esperar. La legisladora porteña por el Frente para la Victoria María Rachid señaló a través de la red social Twitter: “El comunicado del nuevo veto de Macri es una vergüenza. No tiene fundamentos. Veta porque sí”. Y añadió: “El veto es un mecanismo excepcional, no es para todo lo que a Mauricio Macri no le guste”.
Por su parte, el diputado capitalino de Proyecto Sur Jorge Selser, titular de la Comisión de Salud en la Legislatura, opinó que es una medida “retrógrada y anacrónica que no respeta la voluntad de la mayoría de la Legislatura”.
Por lo pronto, la Legislatura deberá esperar al menos un año para insistir con la sanción de esta ley vetada.
Nota con despachos de agencia Noticias Argentinas y Télam
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