Schiavi y De Vido; detrás, en el centro, Baridó. Ayer, durante el anuncio. (Foto: DyN)
El Gobierno Nacional dispuso ayer la intervención “administrativa, técnica y operativa” de la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) por un plazo de 15 días o hasta que se resuelva la investigación judicial sobre las causas de la tragedia de la formación del ferrocarril Sarmiento en la estación Once y que dejó un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos.
La medida, dispuesta a través de la resolución 199 del Ministerio de Planificación Federal y por instrucción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, alcanza a las líneas Sarmiento y Mitre, ambas administradas por TBA y que unen Capital con la zona oeste y la zona norte del Gran Buenos Aires, respectivamente. La decisión de Casa Rosada apunta a “garantizar la seguridad de los usuarios”. Y será por 15 días o el tiempo que dure la investigación judicial.
En una nueva conferencia de prensa en la que no se permitieron preguntas, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, aseguró ayer que “la tragedia, aunque se desconocen las causas, obliga a tomar medidas”, y añadió que la decisión busca “garantizar la prestación del servicio de transporte ferroviario y resguardar las condiciones de seguridad de los usuarios”.
El interventor es Raúl Baridó, ingeniero especializado en materia ferroviaria, "un profesional de prestigio y trayectoria que trabaja desde hace 34 años en el Estado", según definió De Vido. Fue propuesto por el titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Miguel Reposo. Baridó fue gerente de Capacitación y Desarrollo de la SIGEN y director del Instituto Superior de la Gestión Pública. En 1998, fue subsecretario de Control de la Secretaría de Control Estratégico de la Jefatura de Gabinete, durante la presidencia de Carlos Menem.
El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, sostuvo ayer que los empleados de TBA “tienen que estar tranquilos”, y aclaró que “el espíritu de la intervención es trabajar con ellos, no contra ellos, en la mejora del servicio y garantizar la seguridad y que la gente pueda estar tranquila viajando en este tren”.
Schiavi, uno de los funcionarios más criticados por sus declaraciones posteriores a la tragedia, expresó que “quizás van a funcionar algunos trenes menos, haya horarios distintos a los diagramas habituales”, pero que “esto no debería provocar situaciones de zozobra”.
Ante ese eventual panorama, el funcionario precisó que “la Secretaría de Transporte va a disponer de servicios alternativos de colectivos para poner a lo largo de todas las estaciones para que los usuarios puedan viajar”.
Es que la línea Sarmiento presta servicios con sistema eléctrico entre Once y Moreno, y con locomotoras diesel entre Moreno y Luján y entre Merlo y Lobos. Por ejemplo, el servicio que une a Once con Moreno tiene 320 frecuencias diarias (160 de ida y 160 de vuelta), y todas las formaciones pueden transportar 2 mil personas, aunque en las horas pico suben unas 2.600.
La intervención se produce luego de las críticas por dirigentes de la oposición y de aliados al kirchnerismo, como también de familiares de víctimas, y pasajeros, a la presidenta Cristina Kirchner, que le pedían que le quitara de concesión a TBA y la renuncia del secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi.
La mandataria hizo referencia a la tragedia cinco días después de que ocurriera. Fue en Rosario, durante el acto central por el bicentenario del izamiento de la bandera argentina. Allí pidió celeridad a la Justicia para que las pericias estén “en no más de 15 días” y aseguró que esperaría los resultados de las mismas para tomar una determinación.
La respuesta desde el ámbito judicial no tardó en llegar. “La pericia no es un hecho político sino técnico que puede durar menos o más de 15 días”, dijeron fuentes del juzgado.
El jueves pasado, a 24 horas del choque, el Gobierno anunció que se presentaba en la justicia como “particular querellante” en la causa. En ese sentido, Schiavi aseguró en una escueta respuesta a los periodistas acreditados en Casa Rosada que “todavía no” fue rechazada la presentación por parte del juez federal Claudio Bonadio, a cargo de la investigación.
El accidente se produjo el pasado miércoles, en plena hora pico, cuando una formación del ferrocarril Sarmiento que provenía de Moreno impactó contra el parachoque del segundo andén de la estación Once. Fue el tercer accidente ferroviario más grave en la historia del país y el más grave en la Ciudad de Buenos Aires.
Por el momento, el único imputado es el conductor de la formación 3772 del ferrocarril Sarmiento, Marcos Antonio Córdoba, por estrago culposo.
La tragedia puso aún más evidencia el precario servicio de trenes, con falta de inversión, de planes políticos para el sector y de control estatal sobre la empresa que opera el servicio. Así lo reveló un informe de la Auditoría General de la Nación y se espera que difunda hoy un nuevo estudio.
La concesionaria TBA es propiedad de los hermanos Cirigliano, que controlan uno de los grupos de transporte más poderosos del país. Recibieron la concesión de las líneas Mitre y Sarmiento en 1995, durante el gobierno del entonces presidente Carlos Menem. En la empresa que administra los ferrocarriles Sarmiento y Mitre trabajan más de 4.500 personas.
Para la oposición, el Gobierno busca cubrirse con la intervención
Diferentes dirigentes de la oposición dieron su punto de vista luego de conocida la decisión del Gobierno de intervenir TBA.
El presidente de la UCR, Mario Barletta, junto a los jefes de los bloques de diputados y senadores, Ricardo Gil Lavedra y Luis Naidenoff, respectivamente, anunció ayer que presentarán una denuncia penal contra Julio De Vido y Juan Pablo Schiavi por “incumplimiento de deberes de funcionario público” respecto a la tragedia. Gil Lavedra señaló que el Gobierno “tenía pleno conocimiento” del estado de los trenes y los incumplimientos de TBA.
Los diputados de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, Alfonso Prat Gay y Alicia Terrada presentaron un pedido de Juicio Político contra De Vido. Fiel a su estilo, Carrió dijo que “el correctamente llamado cajero de Kirchner, es el principal culpable y responsable de todo lo sucedido en materia ferroviaria, de esta y otras tragedias”.
Sobre la decisión tomada por Casa Rosada, Carrió opinó que “la intervención que anunció el Gobierno, sin pedir la intervención judicial sino enviando a un funcionario de la SIGEN es para poner a alguien de su confianza para eliminar facturación trucha y eliminar toda prueba que pueda comprometer a De Vido y a los Cirigliano”.
Por su parte, el referente de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, “De Vido intenta escapar a su responsabilidad en el desastre ferroviario”. El diputado nacional exigió a través de un comunicado que “lo primero que debe hacerse es desentrañar la ruta de aplicación de los subsidios y las millonarias sumas que se acreditaron en estos años”.
Solanas sostuvo además que “el constante deterioro del material ferroviario y del servicio a los pasajeros es la consecuencia de una asociación ilícita que compromete a altos funcionarios del Estado, concesionarias, y dirigentes ferroviarios”.
El diputado del Frente Amplio Progresista (FAP) Roy Cortina dijo que lo resuelto por Nación “es una reacción tardía e insuficiente del Gobierno Nacional frente a una tragedia que lo desbordó y que dejó en evidencia las graves falencias en su política ferroviaria, continuadora fiel de la implementada por el menemismo en los 90”.
Cortina añadió que “desde el oficialismo se sigue ganando tiempo y especulando con la posibilidad de salvar de responsabilidad a un grupo empresario, cuando la respuesta del Estado debería haber sido el retiro de la concesión”.
Desde el Frente Peronista, el diputado Eduardo Amadeo comentó: “Ojalá esta medida sea efectiva porque la gente necesita viajar como seres humanos”. “Si la intervención sirve para que se haga justicia, bienvenida sea. No puede haber impunidad ni para empresarios, ni para funcionarios, cuando se trata de la vida de la gente. Espero que se encuentren a los responsables de esta tragedia para que no se repita", expresó el dirigente.
Marcha de familiares y amigos de las víctimas en reclamo de justicia
Familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Once se concentraron ayer frente al Obelisco para exigir “justicia” por las víctimas del accidente del pasado miércoles.
De la marcha participaron cientos de personas, que llevaron fotos de algunos de los pasajeros que perdieron la vida.
Algunos de los organizadores señalaron que el viernes a las 19, en el mismo lugar, habrá otra manifestación similar.
Informe con despachos de agencias Télam, Noticias Argentinas, EFE, AP y AFP
