El
PRO confía tener los votos para convertirlo en ley, pero aún busca apoyo de la
oposición no kirchnerista. El decreto se tratará en sesión el jueves 30 de mayo.
Los legisladores, en la sesión que duró más de 4 horas y debatieron el DNU de Macri (Foto: DyN)
El
PRO consiguió darle dictamen favorable en la Legislatura al decreto de
necesidad y urgencia (DNU) para la “defensa de la libertad de expresión”
instrumentado por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y será tratado el jueves 30 en el recinto. La fuerza
del mandatario capitalino le pidió apoyo a la oposición no kirchnerista, a la
que le prometió una futura “ley correctiva” sobre el tema.
El
dictamen tiene las firmas de los ocho legisladores del PRO que integran la
Comisión de Asuntos Constitucionales; en tanto que los cinco que responden al
bloque del Frente para la Victoria en el Parlamento porteño firmaron otro en el
que piden que la iniciativa sea rechazada. Por su parte, los dos diputados
capitalinos restantes (Julio Raffo, de Proyecto Sur, y Fernando Sánchez, de la
Coalición Cívica) tenían previsto suscribir un despacho sobre un proyecto de
ley alternativo sobre la materia.
Estos
dos legisladores tienen plazo hasta mañana a las 16, antes de la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, en la que se definirá el orden del día de la
sesión del jueves 30.
Raffo
elaboró un proyecto de ley, al que adhiere Sánchez, pero el macrismo busca
convencerlos de que apoyen el DNU del Ejecutivo porteño con la garantía de una
futura ley correctiva.
En
ese sentido, el diputado macrista Helio Rebot, presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, sostuvo: “Estamos dispuestos a hacer una mejor ley siempre y cuando no dejemos sin
protección legal a la actual situación”, para dar crédito al decreto
instrumentado por Macri.
El
DNU número 2 firmado el pasado martes por Macri tiene validez por 30 días, y quedaría
vigente en forma definitiva si es aprobado el jueves de la semana que viene por
31 de los 60 legisladores, cifra que el macrismo confía en lograr con
comodidad.
El
PRO –fuerza oficialista en la Ciudad- tiene 26 bancas en la Legislatura, más
tres aliados (Daniel Amoroso, de Confianza Pública, y Juan Pablo Arenaza y
Adriana Montes, de Bases para la Unión). Pero busca que la iniciativa sea
apoyada también por los bloques Proyecto Sur, que tiene seis diputados, y la
Coalición Cívica, que cuenta con tres.
El
“Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión” tiene como fin “garantizar la
protección de los periodistas y de los medios de comunicación en todo el
territorio de la Ciudad de Buenos Aires” en respuesta a “un plan del Gobierno
nacional de hostigamiento contra la prensa independiente”.
En
el debate que se desarrolló durante más de cuatro horas, el kirchnerismo
cuestionó la iniciativa porque, según entiende esta fuerza, no respeta el “ordenamiento
jurídico” nacional respecto de los temas que puede tratar cada jurisdicción.
El
vicepresidente primero de la Legislatura, el macrista Cristian Ricordo, señaló
que “si hay que hacer modificaciones para encontrar más pautas de libertad de
expresión, seguramente estaremos de acuerdo”.
Sánchez,
el legislador de la Coalición Cívica (que adhiere al proyecto de ley de Raffo),
ratificó que su bloque cree, en el mismo sentido que el PRO, “que la Ciudad de
Buenos Aires tiene plenas facultades de legislar sobre libertad de expresión y
medios de comunicación”. Pero criticó que el DNU “no contemple” algunas
cuestiones y aseveró que queda desprotegido “el derecho laboral y profesional
de los trabajadores de prensa”. “Queremos que el derecho a huelga esté
garantizado”, planteó.
El
diputado hizo alusión al artículo 11 del decreto, que establece que “no podrá ser
suspendida, interrumpida, demorada ni dificultada la actividad profesional de
los periodistas, productores y editores que se domicilien en la Ciudad o
ejerzan su actividad en la misma, ni la de los medios de comunicación que en
ella tengan su domicilio o intalaciones”.
Oscar
Moscariello, del macrismo, dijo que “el decreto establece la posibilidad de que
los periodistas no sean molestados por la autoridad pública” y añadió que “es
ridículo pensar que se puede lesionar o restringir el derecho de huelga”.
Su
compañero de bancada, Daniel Lipovetzky, remarcó el carácter de “urgencia” del
DNU y explicó que obedece a “declaraciones de funcionarios contra periodistas y
medios, allanamientos a casas de periodistas, escarches, rumores varios” de
intervención a medios, como el Grupo Clarín.
Por
el kirchnerismo, el jefe del bloque Juan Cabandié, fustigó: “Esto es un
mamarracho, es una vergüenza, ustedes están siguiendo los lineamientos de (el
CEO del Grupo Clarín, Héctor) Magnetto”. El aliado Aníbal Ibarra, del Frente
Progresista Popular, rechazó la iniciativa macrista bajo el argumento de que “ustedes
no pueden pasar por encima a las leyes nacionales”.
Por
su parte, María América González, de Buenos Aires para Todos, fue irónica sobre
la creación del tribunal especial sobre cuestiones vinculadas con la libertad
de expresión: “Ahora resulta que en la República de Buenos Aires hay delitos
que puedo cometer que van a ser juzgados en la República de Buenos Aires, pero
se les va a aplicar el Código Penal de la República Argentina”.
Y
la diputada Virginia González Gass, de Proyecto Sur, dijo: “No veo la necesidad
y la urgencia de este decreto”, a la vez que recordó que la Constitución de la
Ciudad “establece la creación de un ente autárquico para garantizar la
pluralidad de voces” y que “no se observa la voluntad política del Poder
Ejecutivo de conformarlo”.
Nota
con despacho de agencia Noticias Argentinas
