Eran terrenos contaminados con metales pesados, ya que habían sido un cementerio de autos. Allí vivían unas 700 familias, que lo habían usurpado en febrero. En la zona ocurrieron muchos episodios de inseguridad. El martes pasado murió una joven de 18 años durante un asalto a metros del predio.
En un operativo conjunto, la Policía Metropolitana y la
Gendarmería Nacional desalojaron ayer a unas 700 familias que vivían en el
asentamiento Papa Francisco, cuyas casillas fueron demolidas, en Villa Lugano,
a raíz de una orden judicial que dispuso la medida días después de que en esa
zona asesinaran a una joven de 18 años durante un asalto.
La situación en el lugar fue tensa durante todo el operativo
de desalojo. Por la mañana, se detuvo a seis personas, pero por la tarde,
cuando la Policía terminaba de desalojar a los últimos ocupantes del
asentamiento, hubo algunos incidentes en los que se detuvo a una séptima
persona.
Como consecuencia de los disturbios, algunas personas
sufrieron heridas de bala de goma, dos de las cuales alcanzaron al legislador
porteño Pablo Ferreyra (Seamos Libres), en tanto que su colega José Cruz Campagnoli
(Nuevo Encuentro) fue golpeado.
Según informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias
Argentinas, el fiscal contravencional Carlos Rolero le tomó ayer por la tarde
declaración indagatoria a los detenidos durante el desalojo, acusados de
delitos de usurpación, lesiones y resistencia a la autoridad. Los detenidos son
extranjeros, a excepción de uno, que es argentino.
Del procedimiento de desalojo participaron 800 agentes y
unos 70 camiones, además de ambulancias y topadoras. Es que la orden de la
jueza María Gabriela López Iñiguez incluía la demolición de las casillas.
Una vecina desalojada, que se identificó como María, contó a
la agencia de noticias Télam que “a las 7 de la mañana golpearon la puerta de
la casilla y dijeron que había que desalojar el lugar. Mis hijos de 6 y 12 años
se asustaron y los tuve que llevar a la casa de una vecina, en la Villa 20”. A
media mañana recién pudieron ingresar para retirar sus pertenencias que, según
les prometieron las autoridades porteñas, fueron llevadas a un depósito de la
Ciudad.
El Procurador General de la Ciudad, Julio Conte Grand,
detalló que la magistrada “dispuso concretar la orden que estaba resuelta por
la cámara y ordenó a la Policía Metropolitana y a las fuerzas nacionales que
intervinieran en el proceso”. “La jueza dijo que dispongan lo necesario para
garantizar la protección del lugar para evitar la retoma por parte de los
ocupantes y proceder a la destrucción de las casillas para avanzar en la
recuperación del terreno”, añadió.
Por la mañana, la vicejefa de Gobierno porteña, María
Eugenia Vidal, en conferencia de prensa sostuvo que “es importante haber
recuperado este terreno, y este operativo dejó dos mensajes. El primero es que
no vamos a permitir que las mafias y el narcotráfico se aprovechen de la
necesidad de muchos y el segundo que, frente a la necesidad de la vivienda, el
camino no es una toma”.
La funcionaria estuvo acompañada en la conferencia por el
ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, el Secretario de
Cooperación, Darío Ruíz, y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.
Vidal expresó que “el Gobierno de la Ciudad está tratando de
solucionar la falta de vivienda”, en tanto que indicó que “el que lo necesita
puede acceder a préstamos” para luego indicar que desde un principio se sospechó
que se trataba de “una toma organizada”.
A su turno, Montenegro confirmó que “hubo seis detenciones”
de personas “que se resistieron al trabajo que realizaban los policías”, y
manifestó que dos efectivos de la Metropolitana y un gendarme sufrieron
heridas.
El titular de Seguridad de la Ciudad confirmó que se comunicó
“con (Sergio) Berni para llevar adelante la logística y se desplegó un
operativo de alrededor de 800 personas”. Y añadió que “se trabajó en forma
conjunta”.
El predio llamado luego Papa Francisco, lindero a la Villa
20, fue usurpado el pasado 24 de trabajo, a raíz de que unas veinte personas se
instalaran. Por causas que se desconocen, hubo una pelea entre los ocupantes
que terminó a los tiros y con la muerte de Osvaldo Soto, de 30 años. En junio
pasado se realizó un censo, en el que se constató que vivían unas 700 familias,
es decir, más de 2500 personas. Un dato no menor: se trata de terrenos
contaminados porque antes había sido un cementerio de autos de la Policía
Federal y que con el paso de los años generaron metales pesados que son cancerígenos.
La Justicia había dispuesto en marzo pasado el desalojo del
predio, pero la medida no pudo ser llevada adelante por una de las tantas
acusaciones cruzadas que tienen funcionarios de Ciudad y de Nación.
El procurador porteño Conte Grand dijo que “ha habido muchos
episodios de gravedad” antes del crimen de la joven Melina López, ocurrido el
pasado martes, y agregó que “el operativo estaba preparado con mucha
anterioridad y se esperaba el momento exacto”.
En ese sentido, sostuvo que las personas que cometen delitos
no utilizan el predio “para vivienda” sino que lo hacen “como un lugar de
salida” como cometen un ilícito y comentó que éstas “no estaban en el lugar, la
Policía no pudo detener gente, pero las tareas de investigación continúan y van
a haber novedades importantes”.
El Defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, a través
de un comunicado señaló que “ahora hay que resolver de manera urgente la
reubicación de las personas que se encontraban en el interior del asentamiento,
porque quedaron en situación de calle, víctimas del desamparo y de los
delincuentes que lucraron con sus necesidades”.
El principio del fin de este precario asentamiento se dio
con el asesinato de Melina López, la chica de 18 años que fue ultimada a
balazos delante de su novio durante un asalto y, consecuentemente, se detuviera
a un joven como presunto responsable del hecho.
El crimen ocurrió el pasado martes por la tarde, cuando la
joven se dirigía con su novio a un hipermercado ubicado en avenida Fernández de
la Cruz y Escalada para pagar una factura y en ese momento la pareja fue
sorprendida por dos delincuentes armados que habrían salido del asentamiento
Papa Francisco, en Cruz y Pola.
Por su parte, el Padre Franco, sacerdote que se desempeñaba
en el asentamiento, confirmó que se trató de “un desalojo” y que los policías
sacaban a las personas sin permitirles llevarse “nada de sus casas”. En
declaraciones al canal de noticias Todo Noticias, dijo: “Es muy dura acá la situación. La
gente no tiene seguridad que los proteja cuando salen a trabajar, no ha nadie
que cuide a las familias que viven acá”.
El sacerdote indicó que vivían en el lugar unas 400
familias, y que la situación es tan compleja que “a partir de los 14 años los
chicos tienen que salir a trabajar”, a la vez que comentó que “se vive con
miedo” por la inseguridad.
Durante la tarde, algunas de las familias optaron por
retirarse por sus propios medios a casas de familiares, otros tantos se
quedaron en el lugar a la espera de ser trasladados por las camionetas de
Buenos Aires Presente a los paradores de la Ciudad, según informó a la agencia
Télam la Secretaría de Habitat porteña, Marina Klemensiewicz, en tanto que otros
se quedaron en las inmediaciones del lugar.
Nota con despachos de agencias Noticias Argentinas y Télam
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