La Justicia rechazó el sobreseimiento de Macri en la causa por las escuchas ilegales

El juez federal Sebastián Casanello no aceptó el planteo realizado por la defensa del jefe de Gobierno porteño al considerar que es “prematuro” ya que aún aguarda los resultados de pruebas e información requerida vía exhorto a Estados Unidos.

A pesar de que Casanello no envió a juicio a Macri, dispuso ampliar la cantidad de pruebas.

El juez federal Sebastián Casanello rechazó un pedido de sobreseimiento del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en la causa por las escuchas telefónicas ilegales en las que está siendo investigado, al considerar que el planteo es “prematuro” ya que aún aguarda los resultados de pruebas e información requerida vía exhorto a Estados Unidos.

Según informaron fuentes judiciales, el magistrado consideró “prematuro” el planteo, ya que resta conocer un pedido de información que realizó a Estados unidos.

Macri es investigado por las escuchas telefónicas que sufrieron su cuñado, Néstor Leonardo, y el familiar de víctimas del atentado a la AMIA Sergio Burstein. Si bien sigue procesado, el juez no lo envió a juicio oral y público, al considerar que no había pruebas en su contra, a diferencia de lo que sí hizo con otros once acusados.

A pesar de no mandarlo a juicio, dispuso ampliar la cantidad de pruebas, entre las que se destaca un pedido vía exhorto a Estados Unidos con pedido de información sobre una empresa de seguridad contratada por Franco Macri, padre del jefe de Gobierno, para investigar a su yerno, quien estuvo casada con Sandra, una de las hijas del empresario, fallecida el año pasado.

Los que sí van a juicio son el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios; el espía y ex empleado del Ministerio de Educación de la Ciudad Ciro James; el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski; y policías federales y funcionarios judiciales de la provincia de Misiones, desde donde se originaba la maniobra para escuchar los teléfonos.

De acuerdo a la acusación, el jefe de Gobierno introdujo a Ciro James en la administración porteña como gratificación por sus tareas de espionaje; y también promovió al “Fino” Palacios, uno de los investigados por la maniobra.

El pedido de sobreseimiento fue presentado por los abogados defensores de Macri Ricardo Rosental y Alejandro Pérez Chada, en base a los testimonios del ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro; y de Adrián Juan Pelacchi, jefe de la Policía Federal en los ’90 y cuya empresa de seguridad, AP Security Consultora S.A prestó servicios contratados por Franco Macri para su familia.

El ministro Montenegro favoreció en su declaración a Macri al asegurar que a Palacios lo propuso él para la Metropolitana y no el mandatario local, y que tampoco intervenía en designaciones como la de James en el Ministerio de Educación.

Con respecto a la escucha sufrió Leonardo, la defensa apunta que fue Franco Macri quien contrató a la empresa Ackerman Group LLC Security & Investigative Consultants, con sede en Estados Unidos, para investigarlo por la mala relación que éste tenía con la familia del ingeniero. En ese sentido, el juez Casanello requirió el 14 de agosto de 2014 vía exhorto información de la empresa y sobre cómo fue la contratación y los servicios que prestó para Franco Macri.

“Es menester estar a la espera de la respuesta de las autoridades norteamericanas a los fines de agotar la encuesta en ese sentido y contar con aquella prueba directa”, consideró el magistrado, quien rechazó el pedido de sobreseimiento al considerar que el mismo es “prematuro”.

“Resta a la fecha contar con la respuesta plena a los interrogantes que motivaran el libramiento de la rogatoria internacional y que fueran explícitamente sindicados por la Cámara Federal al revisar el decisorio que decretó la nulidad parcial de la clausura de instrucción, razón por la cual habré de rechazar el pedido de sobreseimiento por prematuro”, añadió en la resolución del 29 de diciembre pasado, pero que se conoció hoy.

En dicha resolución también rechaza el planteo de la defensa por violación de la garantía de plazo razonable por el tiempo que lleva la causa –iniciada en 2009-, por lo que argumentó que “la cantidad de hechos investigados” así como su “complejidad” es compatible con la “duración del proceso”.

Nota con despachos de agencias Noticias Argentinas y Télam 

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